La situación administrativa en la Escuela Isabel La Católica, ubicada en Río Oro, ha escalado a una crisis que ya afecta directamente a trabajadores, quienes aseguran no haber recibido su salario desde el mes de enero, en medio de un proceso inconcluso para la conformación de la nueva Junta de Educación de ese centro educativo.

El tema fue expuesto recientemente en sesión del Concejo Municipal, donde regidores reconocieron que, a la fecha, no ha sido posible juramentar a los nuevos integrantes de la Junta, debido a inconsistencias en la documentación remitida por la dirección del centro educativo.

Falta de requisitos frena proceso

Durante la sesión, la presidencia del Concejo Wendy Mora fue enfática en que el atraso no responde a una omisión del órgano municipal, sino a que las ternas enviadas no cumplen con los requisitos legales establecidos.

Entre los faltantes señalados están documentos básicos como copias de cédula, hojas de delincuencia y el acta formal donde conste el proceso de selección de los postulantes.

“Este Concejo no puede aprobar una terna incompleta ni sin los requisitos necesarios, por un tema de orden y transparencia”, se indicó en la sesión.

Asimismo, se aclaró que el procedimiento correcto exige primero la aprobación de las ternas y posteriormente la juramentación, lo que hasta ahora no ha podido concretarse.

Señalamientos desde la comunidad educativa

Documentos aportados por personal docente evidencian preocupación interna por el proceso. Según estos, desde inicios de febrero se informó sobre la renuncia de al menos tres miembros de la Junta de Educación, lo que obligaba a buscar reemplazos con urgencia.

Sin embargo, docentes cuestionan la forma en que se ha llevado a cabo el proceso, señalando que:

• Se emitieron convocatorias con fechas límite que podrían generar confusión en padres de familia.
• Se solicitó a cada grupo proponer candidatos en plazos ajustados.
• Se habrían manejado distintas versiones de ternas.

Además, se advierte sobre un posible conflicto de interés, al considerarse como opción a una persona vinculada familiarmente con personal de la institución, lo que, según el reglamento de Juntas de Educación, podría contravenir normas de transparencia.

Dudas sobre cumplimiento del reglamento

Los cuestionamientos también apuntan al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa vigente, que exige un proceso participativo, documentado y verificable.

Regidores indicaron que el expediente carece de elementos clave, como:

• Un acta formal de reunión con docentes
• Evidencia clara del proceso de votación
• Validación completa de requisitos de los postulantes

En su lugar, se habrían presentado únicamente listas con firmas, lo cual genera dudas sobre su validez administrativa. Mientras tanto un miembro de la Junta de Educación, mencionó a Santa Ana Actual, que esto se está manejando políticamente y que no quieren aceptar a los nuevos miembros por egos e influencias políticas.

Impacto directo: trabajadores sin salario

Mientras el proceso sigue sin resolverse, la consecuencia más grave recae sobre los trabajadores vinculados a la Junta de Educación, quienes, según lo expuesto, no han recibido sus pagos desde enero.

La falta de una Junta formalmente nombrada limita la gestión de recursos y la ejecución de pagos, profundizando la afectación.

Desde el Concejo Municipal se reconoció el impacto de la situación:

“Nuestras disculpas para las personas afectadas, pero no se puede avanzar sin cumplir con los requisitos”, señalaron.

Aparentemente uno de los trabajadores del centro educativo Gerardo Chavarría, mencionó mediante un comentario en la transmisión de la sesión del Concejo Municipal, sentirse preocupado porque ya son meses que no les pagan e indica que desde el concejo no les estan apoyando y que ponen trabas por un tema político.

Llamado a resolver la situación

Los regidores hicieron un llamado directo a la directora Jacqueline Arias del centro educativo para que complete la documentación requerida y permita destrabar el proceso lo antes posible.

El caso deja en evidencia la importancia de cumplir con los procedimientos administrativos en la gestión educativa, especialmente cuando su incumplimiento termina afectando a trabajadores y al funcionamiento del centro educativo.