Abogado advierte posibles acciones legales contra la Municipalidad tras declaraciones del alcalde en el Concejo Municipal

El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.

La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.

El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.

En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.

“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.

El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.

Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.

Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.

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Regidores aprueba transferir ₡200 millones al EMAI para su operación este 2026

El Concejo Municipal aprobó este martes el giro de ₡200 millones para el financiamiento del programa EMAI durante el 2026, tras avalar el convenio de ejecución del aporte anual entre la Municipalidad y la Asociación encargada de administrar este centro de enseñanza.

El acuerdo se tramitó bajo el oficio MSA-ALCASL-02-062-2026, fechado el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la asesora legal municipal, Andrea Robles Álvarez, mediante el cual se solicitó la aprobación formal del convenio que permitirá realizar la transferencia de los recursos correspondientes a este año.

Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas destacó la importancia de concretar el giro de los fondos en esta etapa, señalando que la Municipalidad mantiene una “muy buena relación” con la Asociación AMI y que el aporte resulta clave en medio del proceso de transformación institucional que atraviesa el gobierno local.

“Necesitamos girarles estos dineros en este tiempo tan importante”, indicó el jerarca, aludiendo a las actividades y compromisos que desarrolla el EMAI a lo largo del año.

La moción para acoger el oficio y someterlo a votación fue presentada por el regidor Gonzalo Rojas, quien solicitó la dispensa de trámite, la aprobación del fondo y la declaratoria de firmeza del acuerdo.

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Concejo Municipal aprueba ₡552 millones para centros educativos de Santa Ana este 2026

El Concejo Municipal aprobó este martes la transferencia de ₡552.082.034,07 a distintas juntas de educación del cantón, recursos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), a través de la Dirección Regional de Educación San José Oeste.

La iniciativa fue presentada por el alcalde Juan José Vargas, bajo el artículo 5 de la agenda, correspondiente a Iniciativas de la Alcaldía, mediante los oficios MSA-GFT-CON-02-017-2026 y MSA-GFT-CON-02-019-2026, suscritos por la contadora municipal Mayra Marín Láscaris.

Durante su intervención, el jerarca explicó que los fondos serán distribuidos entre varios centros educativos del cantón, conforme a la asignación realizada por el MEP. “Eso es muy bueno. Entonces, para que lo aprueben ustedes, señores del Concejo”, expresó el alcalde al presentar los montos.

Distribución de los recursos

En el primer acuerdo, se aprobó un total de ₡477.283.031,19, distribuido de la siguiente manera:

  • Escuela Jorge Volio: ₡45.564.000
  • Escuela Andrés Bello López: ₡46.038.637,65
  • CINDEA Santa Ana: ₡46.608.187,81
  • Escuela Isabel la Católica: ₡47.462.513,50
  • Escuela República de Francia: ₡48.505.688
  • Escuela Ezequiel Morales Aguilar: ₡66.162.743
  • Liceo de Santa Ana: ₡176.940.248

Posteriormente, en un segundo acuerdo, se avaló la transferencia de ₡74.799.002,88 para la Junta de Educación de la Escuela Juan Álvarez Azofeifa.

Aprobación unánime y en firme

Ambos oficios fueron acogidos como moción por los regidores Gonzalo Rojas y Cintia Chávez, respectivamente. En los dos casos, el Concejo aprobó por unanimidad —con siete votos— la dispensa de trámite, el fondo y la firmeza, lo que permite que los recursos sean girados sin mayor dilación.

Los fondos deberán ser administrados por las respectivas juntas de educación para atender necesidades de infraestructura, mantenimiento, equipamiento u otras prioridades definidas en cada centro educativo.

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El Gobierno Local asegura que no existe atraso en el reglamento de becas estudiantiles

Ante las consultas realizadas por este medio a Sofía Mena Chavarría, del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social del Gobierno Local, sobre un presunto atraso en la actualización del reglamento de becas estudiantiles, la funcionaria respondió que no existe ninguna demora atribuible a su departamento y que el proceso se encuentra actualmente en análisis político dentro del Concejo Municipal.

Según detalló Mena, la propuesta de mejora al Reglamento de Becas fue trasladada a la Comisión de Becas desde el 1° de julio de 2025, mediante el oficio MSA-GDH-VRS-002-132-2025. No obstante, indicó que el documento fue conocido por dicha comisión hasta finales de agosto de 2025, cuando se solicitó a las fracciones municipales presentar sus propias propuestas de modificación.

De acuerdo con la funcionaria, el análisis por parte de las fracciones se extendió hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que representó cerca de cinco meses de discusión. Posteriormente, el dictamen con los aportes políticos fue remitido al departamento el 23 de diciembre, en periodo de vacaciones institucionales.

Al retomar el expediente en enero, Mena señaló que se detectaron discrepancias significativas entre las propuestas de las fracciones, específicamente en los artículos 1, 18, 23, 27 y 30, así como en la incorporación de nuevos artículos relacionados con periodos de apelación y sanciones. Estas diferencias, explicó, requieren una discusión entre las fuerzas políticas que integran el Concejo Municipal, por tratarse de decisiones de carácter político y no técnico.

Además, la propuesta debe incorporar recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe MSA-AUI-ICI-02-009-2025, lo que requiere también el aval del Departamento Legal antes de continuar el trámite formal.

Reglamento vigente sigue aplicándose

La funcionaria fue enfática en señalar que actualmente existe un reglamento de becas vigente, el cual ha servido de marco normativo para los procesos 2024, 2025 y 2026. Por tanto, aseguró que no existe afectación para las personas usuarias del programa.

“Los procesos de renovación, seguimiento y solicitudes nuevas pueden desarrollarse sin ningún tipo de afectación ni atraso”, indicó.

La discusión actual, añadió, corresponde a una propuesta de mejora impulsada por el propio departamento y la Administración Municipal, que el Concejo Municipal decidió enriquecer con aportes de las distintas fracciones.

Doble filtro en análisis de solicitudes

En cuanto al proceso de asignación de becas, Mena explicó que las solicitudes son analizadas por el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social con base en la documentación aportada por los interesados. Además, se revisa la información socioeconómica en la plataforma SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), base de datos nacional que consolida información de más de 50 instituciones públicas.

Las solicitudes también son valoradas por los Concejos de Distrito, que elaboran un dictamen con recomendaciones u objeciones dirigido a la Comisión de Becas.

“Se realiza una revisión en dos vías: el análisis registral y socioeconómico mediante SINIRUBE y la revisión territorial de los Concejos de Distrito”, explicó.

Pendiente acuerdo político

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, aún falta que las fracciones municipales logren uniformidad en los artículos en discusión. Una vez alcanzado el consenso, el texto deberá ser aprobado por el Concejo Municipal y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta.

Tras su publicación, deberá cumplirse el periodo de consulta pública que establece la ley antes de que el reglamento pueda entrar en vigor.

Desde el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social insisten en que no es correcto atribuir el supuesto atraso a un tema técnico, ya que el punto actual de discusión corresponde a decisiones de carácter político dentro del Concejo Municipal de Municipalidad de Santa Ana.

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Gobierno Local cerró puertas a reunión de Los “Therian” en el Parque de Santa Ana

Municipalidad advierte uso no autorizado de instalaciones públicas y abre debate sobre nuevas tendencias juveniles en espacios comunitarios

El Gobierno Local de Santa Ana anunció la prohibición de una actividad organizada por un grupo identificado como “Therian” en el parque central del cantón, tras señalar que no contaba con autorización formal para el uso de las instalaciones públicas.

La decisión se da luego de que circulara en redes sociales un afiche digital convocando a la actividad bajo el título “Reunión Therian: Llamado a la Manada”, en el que se invitaba a participar en un encuentro abierto en el Parque de Santa Ana. La imagen fue posteriormente intervenida con un símbolo de prohibición y el mensaje “Actividad sin aval para uso de las instalaciones del parque”.

¿Qué son los “Therian”?

El término “therian” hace referencia a una subcultura o identidad social cuyos integrantes se identifican —de manera simbólica o espiritual— con animales no humanos. En algunos casos realizan encuentros grupales, actividades al aire libre y dinámicas recreativas inspiradas en esa identidad.

Aunque en muchos países estos grupos operan principalmente en espacios digitales o en reuniones privadas, en Costa Rica la tendencia ha comenzado a trasladarse a espacios públicos, generando debate en comunidades locales.

Uso de espacios públicos bajo regulación

De acuerdo con fuentes municipales, cualquier actividad organizada que implique convocatoria masiva en parques o instalaciones cantonales requiere autorización previa, especialmente si contempla dinámicas grupales, uso de equipo o intervención del espacio.

“La Municipalidad no está valorando la identidad o expresión personal de nadie; el tema es estrictamente administrativo y de orden público”, indicaron desde el Gobierno Local, reiterando que la normativa aplica por igual a asociaciones culturales, deportivas, religiosas o de cualquier otra índole.

Un fenómeno que se expande en otros cantones

La presencia de grupos vinculados a tendencias como la cultura “therian” o expresiones similares no es exclusiva de Santa Ana. En cantones del Gran Área Metropolitana como Escazú, Heredia y Cartago también se han reportado encuentros juveniles organizados por medio de plataformas digitales.

Algunos gobiernos locales han optado por regular estas actividades bajo los mismos criterios que cualquier otra reunión organizada, mientras que en redes sociales el fenómeno genera opiniones divididas: desde quienes lo consideran una expresión legítima de identidad, hasta quienes lo califican como una moda importada que puede generar conflictos en espacios compartidos.

Debate sobre convivencia y nuevas expresiones sociales

Especialistas en sociología juvenil señalan que este tipo de movimientos suelen ganar visibilidad en contextos de alta exposición digital y búsqueda de identidad colectiva. “No se trata necesariamente de conductas disruptivas, sino de comunidades que buscan espacios de pertenencia”, explican.

No obstante, el traslado de estas dinámicas al espacio público obliga a las autoridades locales a equilibrar el derecho a la libre expresión con el ordenamiento del uso común de parques y áreas recreativas.

En Santa Ana, el Gobierno Local reiteró que cualquier agrupación interesada en realizar actividades en el parque deberá presentar la solicitud correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos.

El caso abre una discusión más amplia sobre cómo los cantones del país están enfrentando nuevas tendencias sociales que, impulsadas por redes digitales, trascienden rápidamente fronteras y llegan a comunidades locales que hasta hace poco no estaban familiarizadas con estos fenómenos.

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Alcalde propone crear cooperativa de buses ante crisis en el servicio público que ofrece Tapachula

El alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, manifestó este martes en el Concejo Municipal su molestia ante los constantes problemas en el servicio que brinda la empresa de transporte público La Tapachula, señalando que “ya se acabó la paciencia” por parte del gobierno local y la comunidad.

Durante su intervención, Vargas recordó que desde hace años se vienen acumulando quejas contra la empresa, principalmente por buses varados, atrasos y supuestos malos tratos de algunos choferes hacia los usuarios.

“Tenemos dos años de haber llegado aquí y seguimos con los mismos problemas: buses varados, choferes maleducados”, expresó el alcalde ante el Concejo.

Reunión en el CTP con presencia inesperada de la empresa

El jerarca municipal informó que recientemente sostuvo una reunión en el Consejo de Transporte Público (CTP), en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), con el objetivo de buscar soluciones ante la gran cantidad de denuncias ciudadanas.

Sin embargo, según detalló, al llegar a la audiencia se encontró con que también estaban presentes representantes de la empresa La Tapachula, pese a que —aseguró— la cita había sido solicitada únicamente para la Municipalidad de Santa Ana.

De acuerdo con la minuta de la reunión, el director ejecutivo del CTP, Rafael Herrera, ofreció disculpas al gobierno local por la situación, explicando que la decisión obedeció a temas de agenda interna del Consejo. A pesar de ello, la delegación municipal decidió continuar con el encuentro.

“Nos quedamos porque somos respetuosos y no tenemos nada que ocultarle a Tapachula”, afirmó Vargas.

Presión ciudadana y posibles nuevas medidas

El alcalde indicó que la reunión fue solicitada debido a la “gran cantidad de demandas ciudadanas” recibidas, especialmente durante el mes de diciembre. Señaló que acudieron al CTP como última instancia para obtener soluciones concretas.

Vargas también recordó que anteriormente había hecho público en el Concejo que, ante la presión popular por el mal servicio, se podrían tomar otras medidas desde distintos sectores de la comunidad.

“Ya la presión es muy grande”, advirtió.

En ese contexto, reveló que se está valorando la posibilidad de impulsar la formación de una cooperativa de transporte público con empresarios de la comunidad, en la que incluso podría participar la Municipalidad, siempre dentro del marco legal vigente.

No obstante, el alcalde aclaró que también dejó abierta la puerta para que La Tapachula pueda integrarse a una eventual comisión de trabajo si así lo desea.

Inspección pendiente del CTP

Según lo informado, el CTP se comprometió a realizar una inspección y análisis del servicio, incluso mediante el uso de cámaras, para determinar qué está ocurriendo con las rutas que operan en Santa Ana. Sin embargo, aún no se ha definido en qué mes se llevaría a cabo dicha revisión.

La empresa La Tapachula cuenta con aproximadamente 160 unidades y es una de las operadoras más grandes del país. No obstante, el alcalde insistió en que el servicio que reciben los usuarios del cantón “es muy serio”, señalando casos de personas que han esperado hasta tres horas en paradas como la de la Coca-Cola, así como estudiantes que han quedado varados en media Circunvalación.

Desde el Concejo Municipal se solicitó al alcalde mantener informados a los regidores sobre cualquier respuesta oficial que emita el CTP, dado que se trata de un tema de alto interés comunal, especialmente ante el inicio del curso lectivo y la movilización de estudiantes hacia la Universidad de Costa Rica.

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Preocupación por alzas en bienes inmuebles a personas vulnerables o escasos recursos

El alcalde Juan José Vargas abordó este martes en el Concejo Municipal lo que calificó como “delicado”, la situación que enfrentan personas adultas mayores y familias de escasos recursos ante el aumento en el valor declarado de sus bienes inmuebles.

Vargas explicó que desde el inicio de su gestión ha existido preocupación por el impacto que los impuestos municipales pueden tener sobre familias que, aunque poseen una vivienda y terreno, cuentan con ingresos muy limitados, como pensiones que rondan entre los ₡80 mil y ₡180 mil mensuales.

“Hay mucha gente que ha tenido que vender e irse del cantón porque no puede pagar. No queremos que el santaneño se desarraigue de Santa Ana”, manifestó el alcalde.

En ese contexto, informó que la semana anterior sostuvo una reunión con la directora del Órgano de Normalización Técnica (ONT), para analizar casos relacionados con la declaración de bienes inmuebles.

Caso de adultos mayores genera alerta

Durante su intervención, el jerarca relató que ese mismo día fue abordado por dos personas adultas mayores que manifestaron su indignación ante un incremento significativo en el valor de su propiedad.

Según detalló, el avalúo pasó de ₡31 millones a ₡67 millones, lo que implicaría un aumento en el pago del impuesto de bienes inmuebles de aproximadamente ₡90 mil a más de ₡100 mil anuales.

El alcalde señaló que la propietaria habría firmado un documento sintiéndose presionada. “Ningún funcionario puede decirle a una persona que firme algo porque si no le puede ir peor. Eso no puede ser”, enfatizó.

Tras conocer el caso, indicó que solicitó revisar el procedimiento y contactó directamente a la directora de la ONT. Además, explicó que mientras no se realice un nuevo avalúo formal, la Municipalidad debe respetar el monto declarado por el contribuyente.

Llamado a declarar

Vargas hizo un llamado directo a las personas adultas mayores y a quienes se encuentren en situaciones económicas vulnerables para que se acerquen a realizar la declaración correspondiente de sus bienes.

“Es importantísimo que las personas que no tienen dinero, pero sí tienen tierra, hagan la declaración. La declaración del ciudadano tiene que ser respetada por la municipalidad”, afirmó.

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Regidores cuestionan atrasos en trámite del reglamento de becas 2026

En la sesión municipal de este martes donde se abordó el seguimiento al reglamento de becas 2026, el Concejo Municipal evidenció preocupación por el atraso en la entrega del borrador con las modificaciones acordadas desde diciembre anterior.

El tema fue planteado en el punto 3.2, recordando que en la sesión ordinaria número 86 del 22 de diciembre de 2025, mediante el acuerdo número 10, el Concejo aprobó por decisión unánime acoger las recomendaciones de las distintas fracciones políticas para la modificación del reglamento de becas. Además, se solicitó a la magíster Sofía Mena Chavarría realizar los ajustes pertinentes y remitir el borrador actualizado al órgano colegiado.

Sin embargo, según se indicó en la sesión, han transcurrido más de 30 días calendario sin que el Concejo haya recibido formalmente dicho documento.

La presidenta del Concejo la Sra. Wendy Mora, manifestó su inquietud y solicitó que se acate el acuerdo tomado en pleno, recordando además la necesidad de cumplir con los requerimientos planteados por la Auditoría Municipal a la mayor brevedad.

Versiones encontradas

Durante la discusión, el alcalde Juan José Vargas señaló que, tras conversar con la funcionaria, esta le indicó que ya había atendido las observaciones de la Auditoría y de los partidos políticos representados en el Concejo, y que las respuestas ya habían sido enviadas.

No obstante, desde el Concejo se aclaró que el borrador no ha sido recibido oficialmente, lo que ha generado incertidumbre sobre el trámite seguido y el punto exacto en el que se encuentra el proceso.

Por su parte, el regidor y coordinador de la comisión respectiva, Emmanuel Morales, explicó que la funcionaria fue notificada del acuerdo el 23 de diciembre y que, a la fecha, no cuentan como comisión con una respuesta concreta. Señaló que recientemente la funcionaria solicitó una mesa de trabajo para abordar algunas dudas antes de presentar el documento final.

Morales indicó que si bien es positivo que se busque armonizar el texto antes de su presentación formal, preocupa que la información no haya llegado al Concejo y que se generen señalamientos hacia la comisión por eventuales atrasos. “Lo que queremos es un reglamento actualizado que beneficie a los estudiantes”, enfatizó.

Urgencia por actualización

Otro de los puntos señalados en la sesión fue la necesidad de incorporar ajustes específicos recomendados por la Auditoría, como la inclusión del grado de preescolar dentro del reglamento, aspecto que ya habría sido acordado por el Concejo.

Los regidores advirtieron que, si no se formalizan y publican oportunamente las modificaciones, podría generarse un problema en la asignación de las becas correspondientes a este año.

En la discusión se coincidió en la importancia de mejorar y actualizar el reglamento —que actualmente presenta rezagos en sus publicaciones oficiales—, pero también en la necesidad de respetar los acuerdos tomados y los plazos establecidos.

El Concejo solicitó al alcalde colaborar en la gestión para que el borrador sea remitido oficialmente a la mayor brevedad, de modo que pueda ser revisado por todas las fracciones y se avance en la aprobación definitiva del reglamento de becas 2026, en beneficio de los estudiantes del cantón.

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Gobierno Local estrena sistema de monitoreo de desastres con red de sensores en el cantón

Con el objetivo de anticiparse a emergencias provocadas por lluvias intensas, deslizamientos, flujos de lodo e incluso sismos, la Municipalidad de Santa Ana puso en operación un Sistema de Alerta Temprana que monitorea en tiempo real las principales cuencas del cantón y emite avisos automáticos a las comunidades en riesgo.

La herramienta funciona mediante una red de diez estaciones con sensores instalados estratégicamente, capaces de medir variables como la cantidad de lluvia, el nivel de los ríos y los movimientos del terreno. La información se transmite de inmediato al Centro de Videoprotección de la Policía Municipal, donde se mantiene vigilancia permanente y se coordinan acciones con el Comité Municipal de Emergencias.

“Este sistema permite anticiparnos al riesgo mediante el monitoreo constante de las condiciones climáticas y ambientales”, explicó Melanie Ortiz, encargada del Proceso de Gestión del Riesgo de Desastres.

De acuerdo con el comunicado del Gobierno Local, la ubicación de los dispositivos responde a estudios técnicos de las cuencas hidrográficas y de zonas históricamente afectadas por eventos naturales. Actualmente, las estaciones se encuentran en sectores de las cuencas de los ríos Uruca y Corrogres, en puntos como Calle La Mina, Los Herrera, Calle Machete, Barrio Los Arias, El Picadero, San Rafael, Ruta 121 y otros sitios considerados estratégicos.

Sebastián Carmona, geólogo del proceso de riesgo, detalló que el objetivo es contar con datos confiables que permitan activar protocolos con mayor rapidez. “La selección de cada punto responde a análisis técnicos de riesgo y a los antecedentes de afectaciones en el cantón”, señaló.

El proyecto opera bajo una modalidad de alquiler “llave en mano”, que incluye mantenimiento y reposición de equipos para garantizar la continuidad del servicio. La inversión anual ronda los ₡75 millones.

Las autoridades municipales indicaron que el sistema forma parte de una estrategia integral de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, con la que se busca proteger vidas, reducir daños a la infraestructura y mejorar la coordinación institucional ante posibles emergencias.

Con esta iniciativa, Santa Ana apuesta por la tecnología como aliada para fortalecer la prevención y la respuesta ante amenazas naturales cada vez más frecuentes.

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Pozos lidera la inversión municipal en 2025 y concentra la mayor cantidad de recursos en obras

El distrito de Pozos se consolidó en el 2025 como el principal destino de la inversión pública del cantón de Santa Ana, al concentrar ₡1.783 millones en proyectos de infraestructura, cifra que representa el monto más alto entre todos los distritos contemplados dentro del Programa III del Presupuesto Ordinario y Extraordinario 2025.

El análisis de acuerdo a los datos municipales muestra que, aunque otros distritos tienen más cantidad de obras activas, Pozos lidera ampliamente en volumen de recursos, con siete proyectos entre finalizados y en ejecución.

De ese total, ₡1.685 millones ya han sido ejecutados, lo que equivale a un avance financiero cercano al 95%.

Inversión por distrito

Pozos, líder absoluto en recursos asignados

El distrito registra:

  • 5 proyectos en proceso
  • 2 proyectos concluidos
  • ₡1.783.682.420 presupuestados
  • ₡1.685.098.695 ejecutados

Entre las obras destacan mejoras viales, alcantarillado pluvial, parques recreativos, compra de terrenos comunales y equipamiento deportivo.


Santa Ana centro, más obras activas pero menor monto

El distrito cabecera presenta la mayor cantidad de proyectos en ejecución (6), además de dos ya terminados:

  • 8 proyectos en total
  • ₡410.938.438 presupuestados
  • ₡380.318.037 ejecutados
  • Avance del 92%

Las intervenciones incluyen puentes, recarpeteos, espacios recreativos y mejoras en infraestructura comunal.


Uruca, alta asignación pero lento avance

Uruca es el segundo distrito con más presupuesto asignado, pero el que muestra menor ritmo de ejecución:

  • 4 proyectos en proceso
  • 1 ejecutado
  • ₡897.665.420 presupuestados
  • ₡304.110.682 ejecutados
  • Solo 34% de avance

Más de ₡590 millones permanecen sin ejecutar, lo que lo convierte en el distrito con mayor rezago financiero.


Salitral, el más eficiente

Aunque maneja menos recursos, el distrito de Salitral destaca por proyectos con avance significativo:

  • 3 proyectos en proceso
  • 1 finalizado
  • ₡260.000.000 presupuestados
  • ₡256.405.115 ejecutados
  • 99% de avance

Prácticamente todo el presupuesto asignado ya fue utilizado.


Brasil, inversión moderada

  • 2 proyectos en proceso
  • 2 ejecutados
  • ₡200.000.000 presupuestados
  • ₡169.715.952 ejecutados
  • 85% de avance

Piedades sin ejecución

En contraste, Piedades no registra ejecución presupuestaria:

  • 2 proyectos declarados desiertos o infructuosos
  • ₡50 millones sin utilizar

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