El Gobierno Local anunció el inicio del período para solicitar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles por bien único, beneficio contemplado en la Ley N.° 7509 y que estará disponible a partir del 5 de enero de 2026.
La medida está dirigida exclusivamente a personas físicas que cuenten con una única propiedad en todo el territorio nacional y que se encuentren al día con los impuestos y servicios municipales al 31 de diciembre de 2025.
Entre los requisitos destacan presentar la cédula de identidad y realizar personalmente el trámite, aunque también puede gestionarse mediante una autorización escrita. En el caso de propietarios menores de edad, el proceso deberá ser efectuado por su representante legal o tutor, con la documentación respectiva.
Tres vías para realizar la solicitud
La Municipalidad puso a disposición de los contribuyentes tres modalidades para gestionar la exoneración:
Presencial, mediante cita previa en la Plataforma de Servicios (teléfono 2582-7200).
Digital por correo electrónico, enviando el formulario completo y copia del documento de identidad a exoneraciones@santaana.go.cr.
Digital en línea, a través del Sistema ONION en www.santaana.go.cr, donde el usuario debe iniciar sesión y completar el formulario. Para esta modalidad se requiere disponer de firma digital o firma criptográfica municipal.
La Municipalidad recordó que si un contribuyente posee varios derechos inscritos sobre una misma propiedad, debe presentar una solicitud por cada uno. Asimismo, la gestión puede realizarse en cualquier momento del año.
De acuerdo con la ley, podrán ser exonerados los inmuebles considerados bien único cuyo valor no supere el equivalente a 45 salarios base; si la propiedad excede ese monto, el impuesto deberá cancelarse únicamente sobre la diferencia.
Quienes han visitado recientemente el parque del distrito centro habrán notado un nuevo elemento destinado a reforzar la seguridad ciudadana: un moderno dispositivo tecnológico que permite a cualquier persona solicitar ayuda inmediata ante situaciones de asalto, violencia pública u otra emergencia.
Se trata de un intercomunicador con cámara integrada y botón de pánico, que conecta en tiempo real a los usuarios con la Policía Municipal. En caso de que alguien enfrente una situación urgente, puede activar el sistema y comunicarse directamente con los oficiales para recibir asistencia en el menor tiempo posible.
De acuerdo con el jefe de la Policía Municipal, Luis Moncada, este dispositivo representa una herramienta clave para mejorar la respuesta ante incidentes dentro del casco central del cantón. Además, adelantó que el parque de Piedades también contará próximamente con un intercomunicador similar, ampliando así la cobertura de atención inmediata.
Actualmente, la Policía Municipal opera con 107 cámaras de vigilancia distribuidas en distintos puntos del cantón, y se espera la incorporación de nuevos equipos de analítica y altavoces que fortalecerán aún más la prevención y la seguridad comunal.
El Gobierno Local fue reconocido con siete galardones del Programa Bandera Azul Ecológica en la Categoría Municipalidades, distinción otorgada a diversas instalaciones municipales por sus buenas prácticas ambientales.
Entre los edificios galardonados destacan:
Predio de Piedades
Policía Municipal
Cementerio de Piedades
Cementerio de Santa Ana
Archivo Municipal
Casa Municipal de la Cultura
Edificio Municipal, el cual obtuvo además tres estrellas:
Blanca: por el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Institucional
Plateada: por la participación en iniciativas de reciclaje
Dorada: por la gestión y protección de cuenca
“La obtención de estas siete banderas demuestra el compromiso y trabajo en equipo de nuestra institución”, destacó Rosa Muñoz, encargada del Proceso de Gestión Ambiental, quien señaló que los avances en áreas como gestión hídrica, uso de combustibles, eficiencia energética y manejo de residuos son especialmente significativos frente a la crisis nacional en materia de gestión de residuos.
En la edición 2024, 23 municipalidades del país fueron evaluadas por un comité técnico conformado por la UNGL, el IFAM, el Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, y la DIGECA del MINAE, bajo criterios como cumplimiento legal, uso de recursos, tratamiento de aguas, compras sostenibles, educación ambiental y acciones de adaptación al cambio climático.
La izada oficial de la Bandera Azul Ecológica está programada para el 8 de diciembre en el Edificio Municipal.
Durante la sesión del Concejo Municipal celebrada este martes, el regidor suplente del PUSC, Ricardo Alfaro, hizo un llamado urgente para que Coopesana rinda cuentas ante las constantes quejas de vecinos sobre la atención en los servicios de salud.
Alfaro tomó la palabra para recordar que, al igual que otras entidades invitadas al Concejo, Coopesana mantiene una comparecencia pendiente. Según denunció, hay vecinos que deben llegar desde la madrugada —incluso a las 2:00 a. m.— para intentar conseguir atención, sin lograrlo en muchos casos.
“Hay personas en el pueblo que de verdad se quedan demasiado tiempo esperando, llegan a las dos de la mañana y no los atienden. Tenemos que ver qué hacemos y preocuparnos por todos los ciudadanos”, expresó Alfaro ante los demás regidores.
La presidenta del Concejo confirmó la gravedad del asunto, señalando que Coopesana ha sido convocada en múltiples ocasiones sin respuesta: “Ya tienen por lo menos seis u ocho invitaciones enviadas para que asistan y atiendan este Consejo, y ni siquiera —según indica la Secretaría— se han molestado en dar recibido el correo”.
Ante esta situación, el regidor Alfaro deseaba que se incluyera una moción, pero se indicó que ya existía una moción previamente para que el Concejo exija la comparecencia de la cooperativa administradora de los servicios de salud en el cantón.
La vicealcaldesa la Dra. Marielos Rivera Sibaja mencionó ayer un informe ante el Concejo Municipal sobre su participación en el evento MuniWorld 2025 en Israel. El reporte se centró en la adquisición de conocimientos técnicos y buscó aclarar la polémica generada por el viaje, reiterando que fue de carácter estrictamente municipal y administrativo, y que los gastos fueron cubiertos por la Embajada de Israel.
Este es un resumen de lo que mencionó la vicealcaldesa sobre su participación en dicho evento.
Meses atrás desde el sitio web del Gobierno Local, se hizo una publicación donde se mencionaban los temas a tratar en dicho evento mundial. En ese entonces algunos vecinos santaneños se habían opuesto al viaje de la vicealcaldesa a Israel, debido al conflicto bélico que estaba ocurriendo precisamente entre el pueblo de Gaza o Palestino con el Gobierno de Israel, lamentablemente murieron muchas personas entre ellas mujeres y niños. El gobierno de Israel acusó al grupo terrorista Hamás de haber comenzado la guerra.
En la sesión ordinaria de este martes, el Concejo Municipal aprobó la transferencia del 1% del presupuesto municipal al Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR), equivalente a ₡163.197.212,12, según la resolución administrativa remitida por el Departamento de Planificación Institucional, este aporte es adicional a lo que corresponde por ley.
El regidor José Roberto Castro tomó la palabra para proponer acoger la recomendación de Planificación, aprobar el plan de trabajo y autorizar la transferencia de los recursos al CCDR, destacando la importancia de continuar fortaleciendo el deporte y la recreación en el cantón.
La votación para dispensar el trámite permitió avanzar con el análisis del fondo: Cinco votos a favor (Danny Ureña, José Roberto Castro, Milena Blén, Roberto Spesny y Wendy Mora) y dos en contra (Cinthya Chávez y Gonzalo Rojas).
Argumentos en contra
Al abrirse el espacio para discusión, el regidor Gonzalo Rojas tomó la palabra para justificar el voto negativo de su fracción. Señaló que, a criterio del Partido Unidad Social Cristiana, el oficio debió enviarse previamente a comisión para un estudio más profundo.
Rojas citó el Artículo 181 del Código Municipal, que exige a los comités cantonales presentar sus programas anuales de actividades y el informe de gestión del año anterior antes de la aprobación del presupuesto municipal. Asimismo, insistió en la necesidad de que el Comité Cantonal de Deportes comparezca ante el Concejo para rendir cuentas, ya que —según dijo— existen consultas pendientes sin respuesta.
“Es un tema de transparencia y legalidad. Esta organización debe venir aquí para dar claridad sobre sus objetivos y fines”, manifestó.
Aprobación final
Tras concluir las intervenciones, el Concejo procedió a votar el fondo, manteniéndose el mismo resultado: Cinco votos a favor y dos en contra. La firmeza del acuerdo también fue aprobada con esa misma proporción.
No obstante, el regidor Gonzalo Rojas, presentó posteriormente una moción para llamar a cuentas al Comité de Deportes y Recreación para exprese ante el Concejo Municipal todo el trabajo o acciones que han venido realizado de acuerdo a los aportes económicos que la Municipalidad les ha transferido a lo largo del tiempo.
La Asociación Cívica del Valle de Santa Ana manifestó este jueves, durante una audiencia ante el Concejo Municipal, su malestar por haber sido según ellos excluida de la organización de la edición número 18 del tradicional Desfile Ilusión de la Navidad, previsto para diciembre de 2025. La agrupación aseguró que, por primera vez en casi dos décadas, no fueron tomados en cuenta para coordinar uno de los eventos comunitarios más importantes del cantón.
Durante la sesión extraordinaria, los representantes Humberto Aguilar, Cristian Fallas y Noemí Mejía relataron que desde julio solicitaron por escrito la autorización y coordinación para celebrar el desfile, pero —según expresaron— nunca recibieron respuesta del Concejo Municipal. Posteriormente, afirmaron haberse enterado de que la Alcaldía había trasladado la organización del evento a una comisión creada desde enero de este año, sin que la Asociación fuera invitada como organizadora.
“Esta es la primera vez que nos ocurre esto. Llevamos 17 años organizando el desfile —exceptuando la pandemia— y nunca se nos había dejado por fuera”, expresó Aguilar al inicio de la audiencia. Los representantes señalaron que tradicionalmente comienzan el trabajo logístico desde abril de cada año, y que incluso ya habían avanzado en la planificación para la edición 2025 cuando conocieron que la Municipalidad estaba manejando el proceso por aparte.
Fallas y Mejía detallaron que la Asociación Cívica fue fundadora del desfile hace casi 20 años, con el objetivo de unir a las familias del cantón mediante un evento cultural que ha servido también para visibilizar a agrupaciones locales de folclor, deporte y artes, “creando identidad santaneña” y fortaleciendo el tejido comunitario.
Los voceros expresaron sentirse “irrespetados” por la decisión de excluirlos, y afirmaron que la Alcaldía nunca les notificó sobre la comisión organizadora ni les extendió una invitación formal para integrarse. También señalaron que la Administración justificó la decisión alegando que el desfile estaba siendo gestionado desde inicios del año por una comisión organizadora, y que solamente les había hecho llegar mensajes donde se les invitaba a dar opiniones sobre la organización del mismo.
El regidor Danny Ureña admitió no haber dado el debido seguimiento a las notas enviadas por la Asociación, pero destacó que históricamente esta ha sido la encargada del evento. Ureña insistió en que el desfile “siempre ha sido un aporte cultural invaluable” y llamó a la Alcaldía a reconsiderar la exclusión del grupo.
Por su parte, la regidora Debbie Zamora lamentó la falta de información hacia el Concejo y cuestionó qué ocurrirá con el trabajo de meses que la Asociación tenía avanzado. Además, pidió al alcalde explicar el procedimiento que seguirán para autorizar cierres de calles y logística general, dado que el Concejo también debe aprobar estos trámites.
Otro punto que generó inquietud entre los regidores fue el anuncio de que el presupuesto para el desfile pasó de los históricos ₡5 millones a ₡19,5 millones, lo que motivó dudas sobre quién ejecutará esos recursos y si será la Municipalidad o la Fundación GAD la encargada de la organización de los Festejos Populares. El alcalde indicó que se pretendía hacer decoraciones navideñas en ambos parques municipales (Santa Ana y Piedades) así como la puesta de los «pasitos» en esos espacios.
Reconocen trayectoria y aportes culturales de la Asociación
Varios regidores recordaron el impacto positivo del desfile desde sus orígenes, destacando que la iniciativa ha contribuido al rescate del arte, el deporte, la convivencia familiar y la identidad santaneña. También agradecieron a la Asociación Cívica su labor voluntaria durante casi dos décadas.
En sus intervenciones, señalaron que el crecimiento acelerado del cantón ha hecho más difíciles los espacios de encuentro comunitario, y que el desfile se convirtió justamente en uno de los eventos que logró mantener viva la cohesión social.
Alcalde responde y defiende trabajo de la comisión municipal
Al cierre del intercambio, el alcalde Juan José Vargas reaccionó señalando que la Fundación GAD ha enfrentado “trabas” en su labor organizativa, y cuestionó la magnitud de la polémica generada alrededor del evento.
Administración de Fundación GAD no quizo referirse a este medio
Le consultamos vía whatsapp al Sr. Andrés Vargas quien es el Administrador de la Fundación GAD, para que nos confirmara si este desfile estaba siendo organizado directamente por la alcaldía, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta, en ocasiones anteriores las respuestas erán rápidas a nuestras consultas, desconocemos porqué no se quizo referir esta vez a nuestras consultas.
Finalmente La Asociación Cívica anunció a través de sus voceros, que NO participarán en la organización del desfile de este año y que esperan que vuelvan a ser valorados por el Concejo Municipal para el 2026.
La sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada este jueves estuvo marcada por la contundente intervención de los vecinos de Calle El Tajo en Lindora, quienes denunciaron nuevamente la inacción municipal frente a las inundaciones recurrentes que afectan a esta comunidad desde hace más de un año.
La audiencia, que encabezó el orden del día, permitió exponer en detalle las causas, daños y dificultades que enfrenta el sector cada vez que se registran lluvias de moderadas a fuertes. Los vecinos recordaron que la inundación más severa se presentó el 19 de septiembre de 2024, y desde entonces se han generado otros eventos adicionales.
El origen del problema: un alcantarillado sepultado y rellenos ilegales
Según explicaron, el informe 7-2024 de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) determinó que la raíz del colapso es la obstrucción severa del alcantarillado pluvial, cuya tubería atraviesa una propiedad de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). En ese terreno –señalan los documentos– se realizaron rellenos ilegales que sepultaron la tubería a una profundidad cercana a los 10 metros, provocando su hundimiento y afectando los pozos pluviales.
Los vecinos también denunciaron aportes de agua provenientes de Hacienda Lindora, así como un desfogue ilegal de aguas pluviales desde Tajo Lindora, lo que ha aumentado la saturación del sistema y las condiciones de riesgo sanitario y ambiental.
“Lo hemos perdido todo dos veces”
Durante la intervención, la vocera del grupo, relató el impacto humano y material que han sufrido: pérdida total de muebles, electrodomésticos y enseres; ingreso de agua hasta las rodillas dentro de las viviendas; y la angustia constante de vivir bajo amenaza de un nuevo desbordamiento.
Aseguró que la comunidad documentó cada evento y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue resuelto a su favor y obliga a la municipalidad a ejecutar una solución en un plazo de 12 meses.
Reclamos por atrasos y falta de respuestas
Los vecinos afirmaron que la municipalidad ha actuado con lentitud y que los procesos administrativos han retrasado decisiones clave, como el estudio hidrogeológico y la compra de una tubería de 100 metros que consideran urgente para aliviar la presión del sistema.
Señalaron, además, que los trabajos paliativos recientes –realizados el 25 y 26 de octubre– surgieron gracias a la iniciativa de un funcionario operativo, y no como parte de una planificación institucional adecuada.
Pese a estas intervenciones, indicaron que se formó una nueva laguna en la zona, que ya fue reportada al Ministerio de Salud ante el riesgo de proliferación de mosquitos y enfermedades.
El Concejo Municipal pide soluciones integrales
Regidores como José Roberto Castro expresaron su preocupación por la situación e insistieron en que el Concejo está dispuesto a apoyar presupuestariamente y a fiscalizar los procesos para que la solución definitiva llegue cuanto antes.
Los vecinos solicitaron ser incluidos en el próximo presupuesto municipal para asegurar recursos que permitan ejecutar las obras estructurales necesarias.
Alcalde responde: “Estamos resolviendo problemas acumulados por años”
El alcalde Juan José Vargas reconoció la gravedad del caso, pero afirmó que muchas de las causas se originaron en administraciones pasadas, incluso desde hace más de 10 años.
Vargas señaló que parte del retraso se debe a que la tubería requerida tiene un diámetro que los proveedores nacionales no manejan, por lo que se debe traer del exterior. También defendió el trabajo del personal técnico y de cuadrillas municipales, destacando su respuesta durante las emergencias.
No obstante, evitó comprometer fechas exactas, argumentando que los plazos dependen de licitaciones, disponibilidad de materiales y estudios técnicos obligatorios.
Vecinos piden no ser olvidados
Al finalizar, los residentes insistieron en que no pueden esperar otro invierno y que no desean repetir un episodio de inundación “que pudo evitarse si las acciones se hubieran ejecutado a tiempo”.
Solicitaron una fiscalización estricta del Concejo hacia la Alcaldía y sus departamentos, y advirtieron que continuarán exigiendo soluciones para garantizar un ambiente sano y seguro, tal como lo ordena la Sala Constitucional.
Otra situación que afecta a los vecinos: El Tajo Lindora
Otra situación que viene afectando a estos vecinos es sobre el funcionamiento del Tajo Lindora, el cual ellos aducen que actualmente el tajo no viene realizando dicha actividad y que más bien se ha visto recientemente a muchas vagonetas llegar a dejar tierra donde aparentemente se esta haciendo un relleno en ese tajo, los vecinos dicen que esta actividad no está autorizada por el Ministerio de Salud ni la Municipalidad, además se crearon estructuras ilegales para desviar aguas a terrenos privados y luego caer a la alcantarilla que viene afectando a los vecinos los últimos meses.
Este medio trató de comunicarse con la administración del Tajo Lindora desde hace algunos días atrás para conversar sobre este tema, pero al cierre de esta nota, no se logró obtener respuesta alguna.
Ayer durante la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Juan José Vargas se refirió a un posible proyecto de vivienda destinado a las familias que residen en el sector de Chirracal, luego de que el regidor Danny Ureña solicitara aclarar información entre un oficio municipal y videos grabados por el propio alcalde.
El regidor leyó en el concejo municipal un correo enviado por Sofía Mena, funcionaria de la Municipalidad, en el que se señalaba que actualmente la institución “no cuenta con algún proyecto habitacional para atender la reubicación” solicitada por el Comité Cantonal de Deportes. No obstante, el regidor contrastó esa afirmación con videos recientes en los que el alcalde Vargas aseguraba a los vecinos de Chirracal que se estaban incluyendo en un proyecto de vivienda con unas 80 unidades habitacionales en el sector de Río Oro.
En los videos, Vargas explicaba que “las familias que la Magister Sofía Mena ha venido chequeando las estamos incluyendo en un proyecto de vivienda que, si Dios lo permite, vamos a comenzar a comprar el lote en Río Oro”, y mostraba planos del desarrollo para garantizar a los vecinos que “nadie va a ser movido hasta no tener las cosas bien ciertas”.
Ante las consultas del regidor Ureña sobre la falta de presupuesto aprobado y la inexistencia de un expediente formal, el alcalde aclaró que el video fue enviado de manera privada a un chat de las 16 familias que habitan en Chirracal, y no como una publicación oficial.
Vargas reconoció que no se trata aún de un proyecto municipal formalmente establecido, sino de una propuesta en elaboración, impulsada en conjunto con dos asociaciones de vivienda del cantón. Según el alcalde, los planos mostrados fueron elaborados “sin recursos de la municipalidad” y buscan sentar las bases para un futuro proyecto habitacional que permita reubicar a las familias asentadas sobre una calle pública.
“Lo que estamos haciendo es elaborando la propuesta, y no me interesa que se concluya en este gobierno, sino sentar las bases para que pueda haber un proyecto de vivienda aquí en Santa Ana, fuera de toda acción politiquera”, afirmó Vargas durante la sesión.
El alcalde añadió que el objetivo es abrir la vía de Chirracal, actualmente ocupada por viviendas, para conectarla con la nueva calle asfaltada que comunica hacia Escazú y San José. Mientras tanto, los vecinos censados por la funcionaria Sofía Mena son los únicos que, según el alcalde, serían considerados en esta eventual reubicación.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.
Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.
Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.
Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.
La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.
El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.
La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.
Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»
En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.
1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)
Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación. En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.
Ejemplo de conexión:
Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.
2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37
Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores. Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:
La disculpa pública o privada a la víctima.
La rectificación de una declaración falsa.
3. En la práctica judicial costarricense
Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:
Reparación simbólica del daño moral.
Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.
4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)
Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.
Se da cuando:
Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.
En este caso:
La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
También puede servir como acto de buena fe o prevención.
El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.
Daniel González G.
