Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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Esta mañana varios estudiantes se manifestaron de forma pacífica en las afueras del Colegio Técnico en Lindora para exigirle a la institución y al MEP que busquen a un profesor para impartir lecciones. Según conversación con varios estudiantes sería de la materia de contabilidad. La Policía Municipal y Fuerza Pública se hicieron presente en el lugar para que todo transcurriera con normalidad.
De acuerdo con información suministrada a Santa Ana Actual, la profesora a cargo de esta materia se encuentra incapacitada y no ha podido reintegrarse normalmente a impartir dichas lecciones, finalmente esta situación tendrá que resolverla el MEP cuanto antes a través de su dirección regional para evitar que los estudiantes sigan perdiendo más lecciones.
Tratamos de contactar vía correo a la directora de la institución la Sra. Wendy Solano Aguilar pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta, igualmente a Jesús Alonso Jiménez Díaz, quien sería el encargado de la Dirección Regional de Educación del circuito 04 del MEP, pero tampoco obtuvimos respuesta.
El CTP de Lindora, hizo un posteo en redes sociales el pasado 4 de marzo que buscaban un profesor de contabilidad.
Un incendio ocurrido la noche del sábado en la planta de gas Blue Flame, ubicada en el sector de Lindora, en Pozos de Santa Ana, provocó momentos de tensión entre vecinos y un amplio despliegue de cuerpos de emergencia tras la explosión de algunos contenedores de gas.
La emergencia se registró contiguo a la antigua Cartonera en Lindora y generó una gran columna de fuego y humo visible desde distintos puntos del cantón. De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el incendio se originó durante una operación de trasiego de gas desde un camión cisterna hacia el tanque principal de la planta.
Según explicó el director de Bomberos, Héctor Chaves, durante el procedimiento se produjo una fuga de gas que posteriormente alcanzó una fuente de ignición.
“Se produjo una deflagración donde el gas se filtró en gran proporción involucrando parte de la planta”, indicó el jerarca.
En el momento del incidente tres trabajadores realizaban la maniobra, quienes lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones.
Amplio operativo de emergencia
Para atender el incendio se movilizaron alrededor de 50 bomberos y al menos 15 unidades extintoras, además de equipos especializados en materiales peligrosos y unidades paramédicas de la Cruz Roja Costarricense.
Las labores se concentraron principalmente en enfriar los tanques cercanos para evitar una explosión mayor, que ocurre cuando un recipiente con gas licuado se sobrecalienta y se expande violentamente.
Además, los equipos debieron bombear agua desde diferentes puntos debido a que algunos hidrantes de la zona no respondieron adecuadamente.
Las autoridades también ordenaron la evacuación preventiva de vecinos en un radio cercano a un kilómetro, mientras que el tránsito fue suspendido temporalmente sobre la radial de Lindora.
Área afectada
El incendio afectó en apariencia unos 400 metros cuadrados dentro de la planta, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas ni personas intoxicadas, según confirmaron los cuerpos de emergencia.
Los gases liberados durante la fuga tienden a dispersarse con rapidez en el ambiente, aunque en el punto de origen pueden alcanzar altas concentraciones, lo que representa un riesgo para los equipos de respuesta.
Vecinos analizan acciones legales
Tras el incidente, residentes de sectores cercanos, incluido el residencial Montana, iniciaron conversaciones con asesores legales para evaluar posibles acciones contra la operación de la planta.
Uno de los vecinos, Marco Sánchez, habló con el medio CR Hoy y señaló que buscan presentar una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de suspender temporalmente la operación de la empresa mientras se investiga lo ocurrido.
“En un tema de gas, un error humano no puede considerarse menor”, expresó.
Los vecinos también solicitaron la intervención de la Fiscalía Ambiental de Costa Rica para que se investiguen eventuales responsabilidades.
Debate sobre uso del suelo
El caso también reabrió el debate sobre la convivencia entre zonas industriales y residenciales en el cantón.
De acuerdo con antecedentes urbanísticos, el Plan Regulador de 1998 establecía ese sector como zona industrial. Sin embargo, con el paso de los años se autorizaron desarrollos habitacionales cercanos, lo que generó un conflicto entre el crecimiento urbano y las actividades industriales existentes.
Consultado sobre este tipo de situaciones, Chaves señaló que es necesario revisar cuidadosamente las distancias de seguridad y el entorno urbano cuando se trata de plantas que almacenan grandes cantidades de gas.
“Siempre ha existido este conflicto entre la parte urbana y la industrial, por lo que es necesario analizar si este tipo de actividad es apta para zonas altamente pobladas”, indicó.
Alcance potencial de una explosión
Expertos en seguridad industrial advierten que, en instalaciones con tanques de gas LP de gran tamaño, una explosión podría tener efectos significativos:
100 a 300 metros: zona potencialmente letal por fuego o explosión.
300 a 600 metros: quemaduras graves y daños estructurales.
600 metros a 1 km: daños moderados y rotura de vidrios.
Hasta 2 km o más: la onda expansiva puede sentirse con fuerza.
Un grupo de vecinos amantes en la defensa del ambiente lanzaron recientemente la iniciativa “Santa Ana Cuenca Viva”, un movimiento ciudadano que busca proteger los ríos, quebradas y bosques del cantón ante lo que consideran un crecimiento urbano acelerado y una débil protección institucional de los ecosistemas locales.
La propuesta surge con una visión territorial que concibe a Santa Ana como un sistema natural interconectado. Según sus impulsores, el cantón no debe entenderse únicamente como una suma de barrios o urbanizaciones, sino como una “cuenca viva”, donde el equilibrio entre agua, montañas, bosques y comunidades humanas resulta esencial para la sostenibilidad del territorio.
En su planteamiento, el colectivo advierte que el desarrollo urbano desmedido amenaza los recursos naturales que históricamente han dado identidad al cantón. Señalan que las montañas, ríos y quebradas no solo forman parte del paisaje, sino que cumplen funciones clave en la generación de agua, biodiversidad y microclimas que sostienen la vida en la región.
“La urgencia de proteger este hogar nace del reconocimiento de que, si la cuenca muere, la comunidad también se apaga”, sostienen los promotores del movimiento en su manifiesto.
La iniciativa plantea que la defensa del territorio debe ir más allá de acciones aisladas y propone una vigilancia ciudadana activa sobre las áreas de protección de ríos y quebradas. Para el grupo, la participación de los habitantes es un componente esencial del control democrático sobre el uso del suelo y las decisiones que afectan el entorno natural.
Los impulsores del proyecto señalan que su objetivo es velar por la integridad ambiental de las catorce subcuencas que conforman el cantón, promoviendo un modelo de desarrollo urbano que respete los ciclos naturales del agua y la conservación de los bosques.
Además de denunciar posibles afectaciones ambientales, la iniciativa busca impulsar propuestas técnicas y acciones comunitarias para la recuperación de cauces y la protección de los ecosistemas locales.
Para sus integrantes, cada río recuperado y cada bosque protegido representan un legado para las futuras generaciones y para las especies que habitan el territorio.
La organización sostiene que la ciudadanía debe asumir un papel activo como custodia del patrimonio ambiental de Santa Ana, en un momento en que el crecimiento urbano plantea nuevos desafíos para la planificación territorial y la conservación de los recursos naturales.
El tema de los avalúos de propiedades y el cobro del impuesto sobre bienes inmuebles fue abordado la noche del jueves durante una sesión del Concejo Municipal de Santa Ana, con la participación de representantes del Órgano de Normalización Técnica (ONT), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda encargada de establecer los criterios técnicos para la valoración de propiedades en todo el país.
Durante la exposición, la jefa del Departamento Técnico Jurídico del ONT, Rocío Espinoza, explicó el marco legal que sustenta el impuesto sobre bienes inmuebles y respondió a cuestionamientos que han surgido en el cantón en torno al aumento en los valores fiscales de algunas propiedades.
Según indicó, el cobro de impuestos tiene fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política, que establece que todos los habitantes del país deben contribuir a los gastos del Estado.
Evolución del impuesto
Espinoza recordó que el tributo tiene antecedentes desde 1939 con el Impuesto Territorial. Posteriormente, en 1995 se aprobó la Ley sobre Bienes Inmuebles 7509, que transformó el impuesto y fijó una tasa del 0,25% sobre el valor de las propiedades.
Dos años después, con la Ley 7729, la responsabilidad de valorar y fiscalizar el tributo fue trasladada a las municipalidades. Sin embargo, al tratarse de un impuesto nacional, se creó el ONT con el fin de estandarizar las metodologías de valoración en todo el país y evitar diferencias entre cantones que pudieran incentivar traslados por razones tributarias.
Cómo se calcula el valor de las propiedades
La funcionaria explicó que el valor fiscal de un inmueble —conocido como base imponible— corresponde al registrado al 1° de enero de cada año y puede modificarse por varias razones, entre ellas:
Cuando el valor declarado en una escritura de compra venta es mayor al registrado.
Cuando el contribuyente presenta su declaración de bienes inmuebles (obligatoria cada cinco años).
Mediante avalúos realizados por la municipalidad por procesos de fiscalización o por omisión de la declaración.
Por su parte, la funcionaria del ONT Cindy Mata Jiménez explicó que el modelo de valoración utiliza dos herramientas principales: los mapas de valores de terrenos por zonas homogéneas y el manual de valores base unitarios para construcciones e instalaciones, el cual se actualiza cada dos años.
Estos instrumentos, señaló, son de uso obligatorio para las municipalidades según la jurisprudencia de la Sala Constitucional de Costa Rica y dictámenes de la Procuraduría General de la República.
Factores técnicos en los avalúos
Dentro de cada zona homogénea —es decir, sectores con características similares de uso y valor— los peritos aplican distintos factores de ajuste para determinar el valor de cada propiedad.
Entre ellos se incluyen la extensión del terreno, el frente a vía pública, la forma del lote, la pendiente, la disponibilidad de servicios como agua o alumbrado público y la ubicación dentro de la manzana.
La actualización de los valores se realiza mediante estudios de mercado que incluyen análisis de ofertas inmobiliarias, consultas y visitas de campo. De acuerdo con el ONT, el valor fiscal resultante suele ubicarse entre un 20% y un 25% por debajo del valor de mercado.
Derecho de apelación de los contribuyentes
Espinoza también detalló que, una vez realizado un avalúo, la municipalidad debe notificarlo al propietario, quien cuenta con 15 días hábiles para presentar recursos.
El proceso contempla tres instancias:
Recurso de revocatoria, ante la oficina municipal de valoraciones.
Recurso de apelación, ante el Concejo Municipal.
Impugnación, ante el Tribunal Fiscal Administrativo.
Debate sobre el impacto social
Durante la sesión, el alcalde de Santa Ana, Juan José Vargas, consultó si un funcionario municipal puede asignar de manera discrecional el valor de una propiedad.
Ante ello, Espinoza respondió que no, ya que los funcionarios deben utilizar obligatoriamente las herramientas técnicas definidas por el ONT.
Asimismo, una regidora planteó el caso de familias de escasos recursos cuyas viviendas aumentan de valor debido a mejoras o al desarrollo inmobiliario de lujo en su entorno, lo que podría elevar el impuesto a pagar.
La representante del ONT indicó que las herramientas de valoración determinan el valor técnico del inmueble y no consideran la capacidad económica del propietario. No obstante, recordó que la legislación contempla la figura de no sujeción por bien único.
Este beneficio aplica para personas físicas que posean una sola propiedad en todo el país y cuyo valor no supere los 45 salarios base —aproximadamente 22 millones de colones—, en cuyo caso no deben pagar el impuesto. Si el valor supera ese monto, el tributo se aplica únicamente sobre el excedente.
Representantes del Colegio Técnico Profesional de Santa Ana (CTP) acudieron este jueves al Concejo Municipal para exponer la situación que enfrenta la institución en materia tecnológica e infraestructura, y solicitar el apoyo de la municipalidad para fortalecer su oferta educativa.
La audiencia contó con la participación de la directora del centro educativo, Wendy Solano Aguilar; el coordinador técnico, Edwin Montero; y la estudiante Camila Ruiz Salazar, de la especialidad de Inteligencia Artificial, quienes detallaron las necesidades más urgentes del colegio ante las autoridades locales.
Falta de equipo tecnológico
Uno de los principales planteamientos fue la necesidad de renovar los laboratorios de cómputo. Según indicaron los representantes del CTP, las especialidades de Contabilidad y Ejecutivo Comercial no reciben equipo nuevo desde los años 2019 y 2020, lo que ha generado un rezago frente a las exigencias actuales de la educación técnica.
La institución solicita la adquisición de 90 computadoras, con un costo aproximado de ₡98 millones, mediante un presupuesto extraordinario de la municipalidad para el año 2026.
De acuerdo con la dirección del centro educativo, la situación se vuelve aún más crítica ante la apertura de nuevas especialidades como Ciberseguridad, Inteligencia Artificial y Cloud Computing, carreras que requieren equipos de mayor capacidad para ejecutar software especializado.
Actualmente, algunos estudiantes deben compartir computadoras o trabajar con equipos que no soportan los programas necesarios, lo que limita su proceso de aprendizaje.
Hacinamiento y solicitud de terreno
Durante la audiencia también se expuso la problemática de espacio que enfrenta el centro educativo. El colegio atiende a cerca de 400 estudiantes, pero ha tenido que rechazar a más de 200 solicitantes por falta de infraestructura.
Ante esta situación, los representantes solicitaron a la municipalidad la donación de un terreno municipal ubicado frente al centro educativo, con el objetivo de ampliar las instalaciones.
Según explicaron, el terreno permitiría trasladar parte de las edificaciones hacia una zona más segura, ya que el colegio colinda actualmente con un río, lo que representa un riesgo estructural. Además, la expansión permitiría habilitar nuevas aulas y eventualmente ofrecer educación desde séptimo año, ya que en la actualidad funciona como colegio técnico de ciclo superior.
Vinculación con empresas
El CTP también destacó su relación con el sector productivo. La institución mantiene vínculos con empresas como Amazon, Pfizer, Procter & Gamble y Importadora Monge, donde los estudiantes realizan pasantías y prácticas profesionales.
No obstante, los representantes advirtieron que la falta de tecnología actualizada puede afectar la competitividad de los estudiantes al momento de integrarse a estos procesos de formación en empresas.
Reacción de la alcaldía
Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas, reconoció la importancia del colegio dentro del desarrollo educativo del cantón.
El jerarca municipal mencionó que recientemente sostuvo una reunión con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica con el fin de explorar posibles colaboraciones en áreas como ciberseguridad e inteligencia artificial.
Asimismo, señaló que fortalecer la educación técnica puede convertirse en una herramienta clave para prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos delictivos, al ofrecer oportunidades de formación y empleo.
Como parte de los acuerdos iniciales, el alcalde solicitó a los representantes del colegio las coordenadas exactas del terreno municipal propuesto, con el fin de realizar un avalúo y analizar la viabilidad de una eventual donación.
Las diferencias entre la Alcaldía Municipal y la Asociación Cívica de Santa Ana quedaron en evidencia este martes durante la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana, en medio de la discusión sobre la organización del próximo Festival de la Luz 2026.
El debate surgió a raíz de un dictamen que proponía aprobar el cierre de calles para el desfile “Ilusión de Navidad” para el 19 de diciembre y establecer que la Asociación Cívica liderara la organización del evento en coordinación con la Municipalidad.
El alcalde Juan José Vargas manifestó estar “totalmente en contra” del acuerdo, cuestionando el alcance del mismo y el papel que asumiría la Asociación. Además, defendió el modelo aplicado en la edición anterior del festival, organizado desde la Administración Municipal, señalando mejoras logísticas y de orden.
Por su parte, el regidor Danny Ureña respaldó la propuesta argumentando que históricamente el desfile ha sido impulsado por la Asociación Cívica, con apoyo municipal, y que la intención era retomar ese esquema tradicional, garantizando un trabajo conjunto.
La discusión evidenció posturas encontradas sobre quién debe liderar la organización del evento y bajo qué condiciones debe darse la coordinación institucional.
Finalmente, el dictamen fue rechazado con seis votos en contra y uno a favor, esto pasará nuevamente a una comisión. Este tema continuará posteriormente, en medio de un escenario donde las diferencias entre la Alcaldía y la Asociación Cívica marcan el rumbo de una de las actividades más emblemáticas del cantón.
A partir de este jueves puede ir a disfrutar de la XXIV Feria Internacional de ArtesaníaFINARTE, un evento que celebra el talento, la tradición y el intercambio cultural entre países hermanos.
La feria se llevará a cabo del 26 de febrero al 8 de marzo de 2026 en el Parque de Santa Ana, convirtiendo este emblemático espacio en un punto de encuentro para el arte, la cultura y la gastronomía.
Organizada con el respaldo de la Asociación Nacional de Artesanos, bajo el concepto “Uniendo culturas”, la actividad reunirá a artesanos nacionales e internacionales que ofrecerán una amplia variedad de productos hechos a mano, destacando técnicas tradicionales y expresiones artísticas propias de cada país participante.
Entre los países invitados figuran Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia, cuyas banderas forman parte de la imagen promocional del evento, resaltando el carácter internacional de la feria.
Horarios
Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Durante los 11 días de feria, el público podrá disfrutar no solo de la venta de artesanías, sino también de actividades culturales y una variada oferta gastronómica.
La problemática del botadero clandestino en Rancho Tico en el sector de Las Mesas, distrito de Brasil, volvió a hablarse este martes en el seno del Concejo Municipal, luego de que el síndico del distrito, José Pablo Guadamúz, expusiera una cronología de gestiones realizadas desde 2024 y el alcalde Juan José Vargas denunciara presuntas trabas legales y señalara a figuras específicas como vinculadas al sitio.
La situación, que según vecinos se arrastra desde hace varios años, incluye acumulación ilegal de residuos, quemas recurrentes —principalmente en horas nocturnas— y afectación directa a comunidades aledañas por humo, contaminación y riesgos ambientales.
Las gestiones formales desde 2024
De acuerdo con la documentación remitida a este medio por el síndico del Concejo de Distrito de Brasil, el tema fue planteado formalmente en la Sesión Ordinaria N.º 1-2024 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de mayo de 2024, donde se solicitó la eliminación de varios basureros clandestinos en el distrito, incluyendo el de:
Barrio Las Mesas (Transversal 102)
Barrio Los Ángeles (Transversal 86)
Calle La Planta (Calle 100)
Barrio La Amistad (Ruta 22)
Posteriormente:
6 de junio de 2024: se envía correo formal a la Administración del Gobierno Local solicitando intervención para eliminar el botadero clandestino.
11 de julio de 2024: se solicita al Proceso de Gestión de Riesgo de la Municipalidad un informe sobre el estado del terreno y el impacto ambiental generado.
19 de agosto de 2024: se recibe respuesta mediante oficio MSA-ALC-PRD-01-100-2024.
29 de septiembre de 2025: el informe de labores del Concejo de Distrito de Brasil expone nuevamente la situación de los basureros clandestinos, incluyendo Las Mesas.
7 de octubre de 2025: el informe es presentado ante el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 75.
En su intervención, Guadamúz sostuvo que la Administración ha coordinado denuncias, levantamiento de actas por parte de la Policía Municipal y otras acciones conjuntas para dar seguimiento al caso.
Alcalde denuncia “impotencia” institucional
Tras la intervención del síndico, el alcalde Juan José Vargas calificó la situación como “vergonzosa” y expresó frustración por lo que considera falta de respuesta efectiva del sistema judicial.
Durante su intervención pública, el alcalde mencionó al exregidor Ricardo Alfaro y a un abogado del cantón de apellido Sibaja como personas relacionadas con el sitio en disputa. Según señaló, cuando la Municipalidad intentó cerrar el acceso al terreno mediante una valla, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional que, según indicó, falló a favor de los recurrentes al considerar que existía persecución política.
Asimismo, el alcalde afirmó que en el sitio se han detectado no solo residuos sólidos, sino también situaciones presuntamente irregulares como la aparición de un contenedor robado y vehículos reportados como robados, extremos que —según dijo— fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
También aseguró que el Ministerio Público ha sido notificado en varias ocasiones, pero que el caso ha enfrentado atrasos, incluyendo cambios de fiscales y acumulación de expedientes.
Humo, quemas, robo de cabezal y riesgo ambiental
Vecinos del sector han denunciado en redes sociales la quema constante de residuos, principalmente durante noches y fines de semana. Según los testimonios, el humo ha afectado viviendas cercanas y ha generado preocupación por la salud pública. Además el lugar ha sido partícipe de robo de camiones donde han tenido que intervenir la Fuerza Pública, Policía Municipal y el OIJ.
El alcalde indicó que incluso el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitaciones para ingresar al terreno debido a condiciones de riesgo de la cual está oficialmente declarado inavitable por la Comisión Nacional de Emergencias.
Cámaras de vigilancia: versiones contradictorias
En sesiones anteriores, el alcalde Juan José Vargas había manifestado que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la zona para combatir el vertido ilegal.
Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por este medio informativo y tras revisión documental y consultas locales, no se tiene constancia de que dichas cámaras estén actualmente operativas en el punto específico del botadero de Las Mesas.
Reforma al reglamento de multas
Ante la persistencia del problema, el alcalde anunció que la próxima semana se presentará una moción para reformar el reglamento municipal de multas en materia de residuos sólidos, con el fin de endurecer sanciones y agilizar procesos.
Durante el debate se mencionó como referencia el modelo sancionatorio aplicado en la Municipalidad de San José, donde las multas por botar basura en vía pública pueden oscilar entre ¢136 mil y montos superiores al millón de colones, dependiendo de la gravedad.
Un conflicto que escala
El caso de Las Mesas ya no es solo un problema ambiental: se ha convertido en un conflicto político y legal que enfrenta a actores locales, vecinos organizados y autoridades municipales.
Mientras tanto, la comunidad continúa denunciando afectaciones por humo y acumulación de residuos, a la espera de una solución definitiva que combine acción administrativa, judicial y control efectivo del terreno.
Santa Ana Actual continuará dando seguimiento a este caso.
El pasado 21 de febrero se llevó a cabo una jornada de voluntariado para la limpieza del Parque Natural Urbano Lorne Ross, ubicado en el distrito de Uruca, en San José. La actividad reunió a personas voluntarias interesadas entre ellas los Scouts para contribuir con la recuperación de este espacio natural de 53 hectáreas, declarado como Parque Natural Urbano por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El terreno, que en el pasado fue administrado por FUNDAZOO y albergó diversas especies animales, presenta actualmente un notable deterioro debido al estado de abandono en el que se encuentran varias de sus instalaciones. Las estructuras existentes, algunas de ellas declaradas patrimonio arquitectónico de Costa Rica, evidencian el paso del tiempo sin el mantenimiento adecuado.
Actualmente, el parque se encuentra a la espera de que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) destine recursos económicos para su resguardo y eventual restauración. Vecinos y personas voluntarias han manifestado preocupación por el estado de las edificaciones y por la necesidad de una intervención institucional que permita conservar tanto el valor ambiental como el patrimonial del sitio.
Desde este medio informativo, Santa Ana Actual, se intentó gestionar el permiso correspondiente ante el MINAE para informar y difundir la actividad realizada el 21 de febrero; sin embargo, no se recibió respuesta ni autorización por parte de la institución a la solicitud enviada vía correo electrónico.
La jornada de voluntariado refleja el interés ciudadano por rescatar y proteger uno de los pulmones verdes del cantón central, mientras persiste la expectativa de una acción concreta por parte de las autoridades competentes para garantizar la preservación integral del parque.
El centro educativo del Colegio de Santa Ana informó a padres, madres y encargados de familia que ya se encuentra listo para recibir a sus estudiantes la próxima semana, dando inicio al nuevo curso lectivo con un cronograma de ingreso escalonado por niveles.
De acuerdo con la comunicación oficial enviada a las familias, el proceso comenzará el lunes 23 de febrero con el ingreso de los estudiantes de 7° Nivel y Bachillerato Internacional. El calendario continuará de la siguiente manera:
Martes 24 de febrero: 8° Nivel
Miércoles 25 de febrero: 9° Nivel
Jueves 26 de febrero: 10° Nivel
Viernes 27 de febrero: 11° Nivel
El horario establecido para todos los niveles será de 7:00 a.m. a 4:20 p.m. Durante el primer día asignado, cada grupo recibirá lecciones completas hasta la hora de salida.
Las autoridades indicaron que los estudiantes deberán presentarse directamente en el Gimnasio como punto de reunión inicial. Además, los encargados que deseen acompañar a sus hijos en esta primera jornada podrán hacerlo, ya que el centro educativo les dará la bienvenida como parte del proceso de adaptación.
En cuanto a la alimentación, se confirmó que el comedor institucional ofrecerá servicio de almuerzo para todos los estudiantes. No obstante, quienes lo prefieran podrán llevar sus alimentos desde casa.
Finalmente, la institución recordó que a partir del lunes 2 de marzo, todos los grupos asistirán bajo su horario regular, marcando así el inicio formal de la dinámica académica habitual del curso.
Con esta organización escalonada, el centro busca facilitar el ingreso ordenado del estudiantado y garantizar un arranque de lecciones seguro y estructurado para toda la comunidad educativa.
Santa Ana Actual Informa
