Santa Ana Actual Noticias | Las noticias del cantón de Santa Ana
Santa Ana Actual Noticias, es un medio informativo digital del cantón de Santa Ana. Desarrollamos entrevistas, reportajes, noticias, en vivos, publicidad de negocios.
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La joven deportista santaneña María Paula Araya Aguilar, de 17 años, fue convocada para integrar la selección nacional que representará a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa por Equipos que se disputará en Londres.
Con una trayectoria de aproximadamente 10 años en el equipo de tenis de mesa de Santa Ana, la atleta recibió la noticia como un premio al esfuerzo, la constancia y la disciplina que ha mantenido desde la niñez.
“Este logro no es solo mío, sino también de todos ustedes, de mi familia, de mi equipo y de todo Santa Ana. Del comité y de la asociación, porque han estado ahí siempre para apoyarme”, expresó emocionada.
Araya destacó que el camino no ha sido sencillo. A lo largo de su formación deportiva ha enfrentado momentos positivos y también etapas difíciles, pero asegura que la confianza en Dios, en sí misma y en el respaldo de su equipo han sido claves para alcanzar esta meta internacional.
“Han sido años muy duros, donde he pasado por cosas súper buenas y por cosas no tan buenas, pero siento que con mucha confianza en Dios y en todo el equipo, que también ha confiado mucho en mí, esto es parte de los planes que Dios tenía para mí”, afirmó.
La participación en el Mundial por Equipos en Londres representa no solo un logro personal, sino también un orgullo para el deporte santaneño y para el cantón de Santa Ana, que continúa proyectando talento joven en competencias de alto nivel.
Ahora, la joven tenimesista se prepara para asumir el reto internacional con entusiasmo y responsabilidad, llevando consigo el respaldo de su familia, su equipo y toda una comunidad que celebra su convocatoria como un triunfo compartido.
El abogado santaneño José Ramón Sibaja Montero presentó este jueves un carta formal ante el Concejo Municipal, en el que solicita un pronunciamiento oficial luego de que el alcalde Juan José Vargas Fallas lo calificara como un “profesional inescrupuloso” y lo vinculara a actos que describió como delictivos durante una sesión municipal el pasado martes.
La carta, está dirigida a los regidores del Concejo Municipal. En el documento, Sibaja Montero manifiesta que el pasado martes 24 de febrero fue alertado por terceros sobre declaraciones hechas en su contra en el marco de la discusión relacionada con el botadero ilegal en el sector de Las Mesas de Brasil, tema abordado recientemente en el Concejo y divulgado por este medio.
El profesional indica que, tras escuchar la grabación de la sesión, constató que el alcalde, “haciendo uso de la palabra”, se refirió a su persona con calificativos que considera lesivos a su honor y reputación, además de vincularlo con actos atribuidos a un tercero y calificados como delictivos.
En su escrito, el abogado señala que ningún miembro del Concejo intervino para refutar o aclarar las afirmaciones del jerarca municipal, lo que —según plantea— podría interpretarse como un aval implícito a esas manifestaciones. Asimismo, advierte que las palabras expresadas en condición de alcalde podrían acarrear “serias consecuencias patrimoniales al municipio”, en caso de que emprenda acciones legales.
“¿El no pronunciarse en relación a esas infundadas y temerarias imputaciones de que fui objeto, significa que el Concejo Municipal comparte lo expresado por el funcionario aludido?”, cuestiona en la misiva, en la que además solicita un pronunciamiento formal del órgano colegiado.
El documento surge luego de que el alcalde realizara los señalamientos en la sesión municipal, en medio de la polémica por el botadero ilegal que opera desde hace años en Las Mesas de Brasil, situación que ha generado cuestionamientos públicos sobre responsabilidades, omisiones y eventuales vínculos de un exregidor llamado Ricardo Alfaro con el uso del terreno.
Estaremos esperando la respuesta del Concejo Municipal a emitir una respuesta oficial a la solicitud planteada por el abogado. Se mantiene pendiente la reacción del alcalde ante la carta presentada y las eventuales acciones legales anunciadas.
Este medio continuará dando seguimiento a este caso, que añade un nuevo capítulo a la controversia en torno al botadero ilegal y a las responsabilidades políticas y legales derivadas de su funcionamiento.
A partir de este jueves puede ir a disfrutar de la XXIV Feria Internacional de ArtesaníaFINARTE, un evento que celebra el talento, la tradición y el intercambio cultural entre países hermanos.
La feria se llevará a cabo del 26 de febrero al 8 de marzo de 2026 en el Parque de Santa Ana, convirtiendo este emblemático espacio en un punto de encuentro para el arte, la cultura y la gastronomía.
Organizada con el respaldo de la Asociación Nacional de Artesanos, bajo el concepto “Uniendo culturas”, la actividad reunirá a artesanos nacionales e internacionales que ofrecerán una amplia variedad de productos hechos a mano, destacando técnicas tradicionales y expresiones artísticas propias de cada país participante.
Entre los países invitados figuran Costa Rica, Perú, Honduras, Guatemala y Colombia, cuyas banderas forman parte de la imagen promocional del evento, resaltando el carácter internacional de la feria.
Horarios
Lunes a jueves: 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Viernes y sábado: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Domingo: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.
Durante los 11 días de feria, el público podrá disfrutar no solo de la venta de artesanías, sino también de actividades culturales y una variada oferta gastronómica.
a Asamblea Legislativa de Costa Rica dio un paso decisivo en la lucha contra las estafas electrónicas. Con 15 votos a favor, la Comisión con Potestad Legislativa Plena III aprobó en primer debate el expediente 23.908, denominado “Ley de Protección a las Personas Consumidoras de su Dinero”, una iniciativa que obligará a las entidades financieras a responder por los fondos sustraídos mediante fraude.
El proyecto, presentado por el diputado Óscar Izquierdo, del Partido Liberación Nacional, establece un marco de responsabilidad objetiva para bancos públicos y privados, lo que implica que deberán asumir los daños ocasionados por la sustracción o inadecuada custodia de dinero, independientemente de que exista o no culpa directa.
“Hoy dimos un paso fundamental para miles de personas que han vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron. No es solo una reforma legal. Es una respuesta humana ante una realidad que golpea a familias, trabajadoras y adultos mayores en todo el país”, afirmó Izquierdo tras la votación.
Inversión de la carga de la prueba
Uno de los cambios más relevantes del texto es la inversión de la carga de la prueba a favor del consumidor. Esto significa que, en procesos administrativos o judiciales, serán las entidades financieras las que deberán demostrar que sus sistemas de seguridad no fueron vulnerados y que cumplen con los controles exigidos por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
La iniciativa también crea un procedimiento formal de reclamo con plazos estrictos: las entidades tendrán 30 días naturales para resolver las denuncias, deberán contar con canales de atención disponibles las 24 horas y estarán obligadas a implementar protocolos de emergencia para víctimas de estafa.
En caso de incumplimiento, se contemplan mecanismos de resarcimiento como la devolución automática de los fondos si no hay resolución en un plazo de 120 días, compensaciones por atrasos y la restitución de intereses cobrados tras el fraude.
Ajustes y exclusiones
Durante la discusión en comisión se aprobaron mociones que modificaron el texto original. Entre ellas, la eliminación de un artículo transitorio que obligaba a reintegrar montos a víctimas que hubieran presentado reclamos antes de la entrada en vigencia de la ley.
El proyecto aclara que las entidades deberán devolver los recursos cuando existan pruebas suficientes del carácter ilegítimo de la transacción, pero no serán responsables en casos de “auto estafa”, figura que contempla situaciones de fraude simulado por parte del propio usuario.
Asimismo, se descartó que la SUGEF supervise directamente el protocolo de emergencia que deberán implementar los bancos. No obstante, las entidades sí estarán obligadas a reportar a la Superintendencia las cuentas y titulares identificados como receptores de fondos provenientes de fraudes electrónicos.
La normativa también endurece las sanciones al establecer penas de prisión por autofraude y exigir a la SUGEF la actualización anual de las normas de seguridad cibernética.
Reacciones del sector bancario
La Asociación Bancaria Costarricense (ABC) se pronunció desde setiembre de 2025 sobre la iniciativa. En un comunicado oficial, la organización sostuvo que cualquier marco normativo debe mantener un equilibrio entre derechos y deberes de todas las partes involucradas.
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, señaló que las estafas bancarias son un fenómeno del crimen organizado que requiere un frente común y advirtió que una regulación desbalanceada podría afectar el acceso a servicios financieros.
Por su parte, Mario Gómez, asesor jurídico de la entidad, insistió en que en la mayoría de los casos los sistemas bancarios no son vulnerados, sino que los usuarios son engañados por delincuentes, por lo que consideró clave reforzar la educación financiera y digital.
Contexto y próximos pasos
Costa Rica registró 13.000 casos de estafas informáticas durante el 2025, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la protección de los ahorros de los ciudadanos.
Tras la aprobación en primer debate, el expediente 23.908 deberá someterse a una segunda y última votación en la Comisión Plena III el próximo 4 de marzo. De recibir el respaldo final, se convertirá en ley de la República, marcando un cambio significativo en la responsabilidad de las entidades financieras frente al creciente fenómeno de las estafas electrónicas.
La problemática del botadero clandestino en Rancho Tico en el sector de Las Mesas, distrito de Brasil, volvió a hablarse este martes en el seno del Concejo Municipal, luego de que el síndico del distrito, José Pablo Guadamúz, expusiera una cronología de gestiones realizadas desde 2024 y el alcalde Juan José Vargas denunciara presuntas trabas legales y señalara a figuras específicas como vinculadas al sitio.
La situación, que según vecinos se arrastra desde hace varios años, incluye acumulación ilegal de residuos, quemas recurrentes —principalmente en horas nocturnas— y afectación directa a comunidades aledañas por humo, contaminación y riesgos ambientales.
Las gestiones formales desde 2024
De acuerdo con la documentación remitida a este medio por el síndico del Concejo de Distrito de Brasil, el tema fue planteado formalmente en la Sesión Ordinaria N.º 1-2024 del Concejo Municipal, celebrada el 7 de mayo de 2024, donde se solicitó la eliminación de varios basureros clandestinos en el distrito, incluyendo el de:
Barrio Las Mesas (Transversal 102)
Barrio Los Ángeles (Transversal 86)
Calle La Planta (Calle 100)
Barrio La Amistad (Ruta 22)
Posteriormente:
6 de junio de 2024: se envía correo formal a la Administración del Gobierno Local solicitando intervención para eliminar el botadero clandestino.
11 de julio de 2024: se solicita al Proceso de Gestión de Riesgo de la Municipalidad un informe sobre el estado del terreno y el impacto ambiental generado.
19 de agosto de 2024: se recibe respuesta mediante oficio MSA-ALC-PRD-01-100-2024.
29 de septiembre de 2025: el informe de labores del Concejo de Distrito de Brasil expone nuevamente la situación de los basureros clandestinos, incluyendo Las Mesas.
7 de octubre de 2025: el informe es presentado ante el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N.º 75.
En su intervención, Guadamúz sostuvo que la Administración ha coordinado denuncias, levantamiento de actas por parte de la Policía Municipal y otras acciones conjuntas para dar seguimiento al caso.
Alcalde denuncia “impotencia” institucional
Tras la intervención del síndico, el alcalde Juan José Vargas calificó la situación como “vergonzosa” y expresó frustración por lo que considera falta de respuesta efectiva del sistema judicial.
Durante su intervención pública, el alcalde mencionó al exregidor Ricardo Alfaro y a un abogado del cantón de apellido Sibaja como personas relacionadas con el sitio en disputa. Según señaló, cuando la Municipalidad intentó cerrar el acceso al terreno mediante una valla, se interpuso un recurso ante la Sala Constitucional que, según indicó, falló a favor de los recurrentes al considerar que existía persecución política.
Asimismo, el alcalde afirmó que en el sitio se han detectado no solo residuos sólidos, sino también situaciones presuntamente irregulares como la aparición de un contenedor robado y vehículos reportados como robados, extremos que —según dijo— fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes.
También aseguró que el Ministerio Público ha sido notificado en varias ocasiones, pero que el caso ha enfrentado atrasos, incluyendo cambios de fiscales y acumulación de expedientes.
Humo, quemas, robo de cabezal y riesgo ambiental
Vecinos del sector han denunciado en redes sociales la quema constante de residuos, principalmente durante noches y fines de semana. Según los testimonios, el humo ha afectado viviendas cercanas y ha generado preocupación por la salud pública. Además el lugar ha sido partícipe de robo de camiones donde han tenido que intervenir la Fuerza Pública, Policía Municipal y el OIJ.
El alcalde indicó que incluso el Cuerpo de Bomberos enfrenta limitaciones para ingresar al terreno debido a condiciones de riesgo de la cual está oficialmente declarado inavitable por la Comisión Nacional de Emergencias.
Cámaras de vigilancia: versiones contradictorias
En sesiones anteriores, el alcalde Juan José Vargas había manifestado que se habían instalado cámaras de videovigilancia en la zona para combatir el vertido ilegal.
Sin embargo, de acuerdo con la información recopilada por este medio informativo y tras revisión documental y consultas locales, no se tiene constancia de que dichas cámaras estén actualmente operativas en el punto específico del botadero de Las Mesas.
Reforma al reglamento de multas
Ante la persistencia del problema, el alcalde anunció que la próxima semana se presentará una moción para reformar el reglamento municipal de multas en materia de residuos sólidos, con el fin de endurecer sanciones y agilizar procesos.
Durante el debate se mencionó como referencia el modelo sancionatorio aplicado en la Municipalidad de San José, donde las multas por botar basura en vía pública pueden oscilar entre ¢136 mil y montos superiores al millón de colones, dependiendo de la gravedad.
Un conflicto que escala
El caso de Las Mesas ya no es solo un problema ambiental: se ha convertido en un conflicto político y legal que enfrenta a actores locales, vecinos organizados y autoridades municipales.
Mientras tanto, la comunidad continúa denunciando afectaciones por humo y acumulación de residuos, a la espera de una solución definitiva que combine acción administrativa, judicial y control efectivo del terreno.
Santa Ana Actual continuará dando seguimiento a este caso.
El Concejo Municipal aprobó este martes el giro de ₡200 millones para el financiamiento del programa EMAI durante el 2026, tras avalar el convenio de ejecución del aporte anual entre la Municipalidad y la Asociación encargada de administrar este centro de enseñanza.
El acuerdo se tramitó bajo el oficio MSA-ALCASL-02-062-2026, fechado el 24 de febrero de 2026 y suscrito por la asesora legal municipal, Andrea Robles Álvarez, mediante el cual se solicitó la aprobación formal del convenio que permitirá realizar la transferencia de los recursos correspondientes a este año.
Durante la sesión, el alcalde Juan José Vargas destacó la importancia de concretar el giro de los fondos en esta etapa, señalando que la Municipalidad mantiene una “muy buena relación” con la Asociación AMI y que el aporte resulta clave en medio del proceso de transformación institucional que atraviesa el gobierno local.
“Necesitamos girarles estos dineros en este tiempo tan importante”, indicó el jerarca, aludiendo a las actividades y compromisos que desarrolla el EMAI a lo largo del año.
La moción para acoger el oficio y someterlo a votación fue presentada por el regidor Gonzalo Rojas, quien solicitó la dispensa de trámite, la aprobación del fondo y la declaratoria de firmeza del acuerdo.
El Concejo Municipal aprobó este martes la transferencia de ₡552.082.034,07 a distintas juntas de educación del cantón, recursos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), a través de la Dirección Regional de Educación San José Oeste.
La iniciativa fue presentada por el alcalde Juan José Vargas, bajo el artículo 5 de la agenda, correspondiente a Iniciativas de la Alcaldía, mediante los oficios MSA-GFT-CON-02-017-2026 y MSA-GFT-CON-02-019-2026, suscritos por la contadora municipal Mayra Marín Láscaris.
Durante su intervención, el jerarca explicó que los fondos serán distribuidos entre varios centros educativos del cantón, conforme a la asignación realizada por el MEP. “Eso es muy bueno. Entonces, para que lo aprueben ustedes, señores del Concejo”, expresó el alcalde al presentar los montos.
Distribución de los recursos
En el primer acuerdo, se aprobó un total de ₡477.283.031,19, distribuido de la siguiente manera:
Escuela Jorge Volio: ₡45.564.000
Escuela Andrés Bello López: ₡46.038.637,65
CINDEA Santa Ana: ₡46.608.187,81
Escuela Isabel la Católica: ₡47.462.513,50
Escuela República de Francia: ₡48.505.688
Escuela Ezequiel Morales Aguilar: ₡66.162.743
Liceo de Santa Ana: ₡176.940.248
Posteriormente, en un segundo acuerdo, se avaló la transferencia de ₡74.799.002,88 para la Junta de Educación de la Escuela Juan Álvarez Azofeifa.
Aprobación unánime y en firme
Ambos oficios fueron acogidos como moción por los regidores Gonzalo Rojas y Cintia Chávez, respectivamente. En los dos casos, el Concejo aprobó por unanimidad —con siete votos— la dispensa de trámite, el fondo y la firmeza, lo que permite que los recursos sean girados sin mayor dilación.
Los fondos deberán ser administrados por las respectivas juntas de educación para atender necesidades de infraestructura, mantenimiento, equipamiento u otras prioridades definidas en cada centro educativo.
Ante las consultas realizadas por este medio a Sofía Mena Chavarría, del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social del Gobierno Local, sobre un presunto atraso en la actualización del reglamento de becas estudiantiles, la funcionaria respondió que no existe ninguna demora atribuible a su departamento y que el proceso se encuentra actualmente en análisis político dentro del Concejo Municipal.
Según detalló Mena, la propuesta de mejora al Reglamento de Becas fue trasladada a la Comisión de Becas desde el 1° de julio de 2025, mediante el oficio MSA-GDH-VRS-002-132-2025. No obstante, indicó que el documento fue conocido por dicha comisión hasta finales de agosto de 2025, cuando se solicitó a las fracciones municipales presentar sus propias propuestas de modificación.
De acuerdo con la funcionaria, el análisis por parte de las fracciones se extendió hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que representó cerca de cinco meses de discusión. Posteriormente, el dictamen con los aportes políticos fue remitido al departamento el 23 de diciembre, en periodo de vacaciones institucionales.
Al retomar el expediente en enero, Mena señaló que se detectaron discrepancias significativas entre las propuestas de las fracciones, específicamente en los artículos 1, 18, 23, 27 y 30, así como en la incorporación de nuevos artículos relacionados con periodos de apelación y sanciones. Estas diferencias, explicó, requieren una discusión entre las fuerzas políticas que integran el Concejo Municipal, por tratarse de decisiones de carácter político y no técnico.
Además, la propuesta debe incorporar recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe MSA-AUI-ICI-02-009-2025, lo que requiere también el aval del Departamento Legal antes de continuar el trámite formal.
Reglamento vigente sigue aplicándose
La funcionaria fue enfática en señalar que actualmente existe un reglamento de becas vigente, el cual ha servido de marco normativo para los procesos 2024, 2025 y 2026. Por tanto, aseguró que no existe afectación para las personas usuarias del programa.
“Los procesos de renovación, seguimiento y solicitudes nuevas pueden desarrollarse sin ningún tipo de afectación ni atraso”, indicó.
La discusión actual, añadió, corresponde a una propuesta de mejora impulsada por el propio departamento y la Administración Municipal, que el Concejo Municipal decidió enriquecer con aportes de las distintas fracciones.
Doble filtro en análisis de solicitudes
En cuanto al proceso de asignación de becas, Mena explicó que las solicitudes son analizadas por el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social con base en la documentación aportada por los interesados. Además, se revisa la información socioeconómica en la plataforma SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), base de datos nacional que consolida información de más de 50 instituciones públicas.
Las solicitudes también son valoradas por los Concejos de Distrito, que elaboran un dictamen con recomendaciones u objeciones dirigido a la Comisión de Becas.
“Se realiza una revisión en dos vías: el análisis registral y socioeconómico mediante SINIRUBE y la revisión territorial de los Concejos de Distrito”, explicó.
Pendiente acuerdo político
Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, aún falta que las fracciones municipales logren uniformidad en los artículos en discusión. Una vez alcanzado el consenso, el texto deberá ser aprobado por el Concejo Municipal y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta.
Tras su publicación, deberá cumplirse el periodo de consulta pública que establece la ley antes de que el reglamento pueda entrar en vigor.
Desde el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social insisten en que no es correcto atribuir el supuesto atraso a un tema técnico, ya que el punto actual de discusión corresponde a decisiones de carácter político dentro del Concejo Municipal de Municipalidad de Santa Ana.
El pasado 21 de febrero se llevó a cabo una jornada de voluntariado para la limpieza del Parque Natural Urbano Lorne Ross, ubicado en el distrito de Uruca, en San José. La actividad reunió a personas voluntarias interesadas entre ellas los Scouts para contribuir con la recuperación de este espacio natural de 53 hectáreas, declarado como Parque Natural Urbano por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
El terreno, que en el pasado fue administrado por FUNDAZOO y albergó diversas especies animales, presenta actualmente un notable deterioro debido al estado de abandono en el que se encuentran varias de sus instalaciones. Las estructuras existentes, algunas de ellas declaradas patrimonio arquitectónico de Costa Rica, evidencian el paso del tiempo sin el mantenimiento adecuado.
Actualmente, el parque se encuentra a la espera de que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) destine recursos económicos para su resguardo y eventual restauración. Vecinos y personas voluntarias han manifestado preocupación por el estado de las edificaciones y por la necesidad de una intervención institucional que permita conservar tanto el valor ambiental como el patrimonial del sitio.
Desde este medio informativo, Santa Ana Actual, se intentó gestionar el permiso correspondiente ante el MINAE para informar y difundir la actividad realizada el 21 de febrero; sin embargo, no se recibió respuesta ni autorización por parte de la institución a la solicitud enviada vía correo electrónico.
La jornada de voluntariado refleja el interés ciudadano por rescatar y proteger uno de los pulmones verdes del cantón central, mientras persiste la expectativa de una acción concreta por parte de las autoridades competentes para garantizar la preservación integral del parque.
Un operativo de control por vehículos mal estacionados en las inmediaciones del centro educativo Tree of Life, ubicado en Calle Margarita, en el cantón de Santa Ana, derivó este miércoles en un altercado que ahora será valorado en instancias judiciales.
Así lo informó el jefe de la Policía Municipal, Luis Moncada, mediante un comunicado enviado a este medio en el que detalló que durante el día de ayer miércoles se recibió una denuncia por parte de personas afectadas por la obstrucción de carriles producto de vehículos mal estacionados en la zona.
Según el reporte, se trata de una situación “muy recurrente” en los alrededores del centro educativo privado, lo que ha generado constantes molestias a vecinos y conductores que transitan por el sector.
Tras la denuncia, una oficial de tránsito municipal se presentó al lugar para confeccionar las respectivas boletas de infracción. No obstante, mientras realizaba su labor fue abordada de manera increpante —según el comunicado— por uno de los representantes del centro educativo, quien habría obstaculizado la labor policial.
Ante esta situación, la oficial debió solicitar apoyo adicional para continuar con el procedimiento. Finalmente, se confeccionaron las boletas correspondientes por mal estacionamiento y se elaboró un informe dirigido a la autoridad judicial ante la posible comisión del delito de obstrucción a la labor policial.
El Sr. Moncada indicó que el caso será valorado en sede judicial y que la Policía Municipal cuenta con medios probatorios, incluyendo videos sin cortes, que respaldan lo ocurrido.
Desde la Policía Municipal reiteraron el llamado a respetar la normativa de tránsito, especialmente en zonas escolares, donde el congestionamiento y la obstrucción de carriles representan un riesgo tanto para estudiantes como para peatones y conductores.
Santa Ana Actual Informa
