Este sábado 15 de noviembre, el Centro Diurno Joaquín y Ana fue sede de la celebración del noveno aniversario de Famicom R, una iniciativa comunitaria que durante casi una década ha impulsado el desarrollo social, cultural y económico de distintas comunidades, especialmente las indígenas de nuestro país. Su directora Rosa María Umaña, nos comentó que ha sido un trabajo bastante duro y sacrificado pero que gracias a todos los que han colaborado con la asociación, siempre han salido adelante y espera que los próximos proyectos que tienen en mente se concreten para el beneficio de muchas familias.
Desde su nacimiento en Barrio España, Famicom R ha trabajado bajo una visión integral de familia en comunidad, promoviendo espacios de formación, emprendimiento y participación vecinal. Su labor inició con talleres impartidos en salones comunales y, con el tiempo, logró extender estas capacitaciones a diversos distritos, incluyendo Lindora, gracias al apoyo de la Municipalidad.
Uno de los hitos más importantes de este esfuerzo fue la primera Feria Navideña en 2022, organizada como respuesta al difícil periodo posterior a la pandemia y pensada para brindar impulso económico a las familias emprendedoras.
El trabajo de Famicom R también se ha fortalecido en comunidades indígenas, con quienes ha compartido espacios comunales para talleres y actividades; además, ha gestionado materiales de trabajo, insumos para emprendimientos y apoyo en trámites que permiten a estas familias acceder al Banco de Alimentos y otros programas de ayuda.
En el ámbito cultural, la organización ha contado con el respaldo del grupo de baile folklórico Perlas de Tiquicia, mientras que en deportes ha promovido encuentros amistosos entre el Club Salitral Santa Ana y equipos de territorios indígenas como Térraba, China Kichá y Maleku, incluyendo la visita oficial de la comunidad maleku a la plaza de deportes de Salitral.
Asimismo, Famicom R ha llevado talleres y terapias directamente a centros de atención y hogares de personas adultas mayores, buscando acompañar y enriquecer su calidad de vida. Como parte de su crecimiento, la organización anunció que próximamente abrirá un portal especializado para atención gerontológica y terapéutica.
Con nueve años de trabajo sostenido, Famicom R reafirma su compromiso con el desarrollo social del cantón y con la creación de oportunidades para todas las comunidades, indígenas y no indígenas, que forman parte de su historia.
Este jueves durante la sesión extraordinaria, la Fundación GAD presentó ante el Concejo Municipal de Santa Ana los avances, la planificación de las Fiestas Populares 2025, que este año se realizarán por primera vez en diciembre aprovechando la época navideña.
El administrador de la fundación, Andrés Vargas, junto con el productor general del evento, Juan Carlos Cárdenas, expusieron que el regreso de las actividades al casco central ha generado entusiasmo entre los vecinos. La organización planteó una distribución de espacios alrededor del Parque Central, aunque aún enfrenta un reto clave: definir la ubicación de los juegos mecánicos, que requieren unos 300 metros lineales.
La fundación propone instalarlos en forma de “T”, entre el Banco de Costa Rica y la ruta 121. Además, confirmó que el tope navideño se realizará en un lote privado en Valle Escondido, con el fin de evitar cierres viales en el centro, los festejos populares no contará finalmente con corrida de toros.
Cárdenas destacó que las fiestas contarán con producción profesional y una agenda cultural que incluirá mascaradas, pasacalles, juegos tradicionales, actividades deportivas y la posible reactivación de las dianas. También explicó que este año no habrá corridas de toros, debido a la falta de tiempo para construir un redondel adecuado.
Uno de los puntos más complejos de la sesión giró en torno a la Feria del Agricultor, ya que su ubicación coincide con parte de las áreas solicitadas para los juegos mecánicos. La Fundación GAD pidió que la feria se reubique solo un domingo durante los festejos, solicitud que no ha sido aceptada por el Centro Agrícola Cantonal. Regidores expresaron preocupación por el impacto en los vecinos, así como por las condiciones mínimas de agua, electricidad y seguridad.
El alcalde Juan José Vargas calificó de “extraña” la negativa del Centro Agrícola, recordando que en años anteriores la feria ha variado su ubicación sin mayores inconvenientes. Afirmó que la municipalidad evaluará brindar apoyo logístico para facilitar una eventual reubicación.
Al final de forma unánime el Concejo Municipal aprobó que se realizaran las actividades en el casco central de Santa Ana, siempre y cuando no afecte el tránsito vehicular o pasos a los vecinos de esos sectores. La organización se comprometió a cumplir con las disposiciones solicitadas. Estas fiestas populares se realizarán de 11 al 21 de diciembre.
La Asociación Cívica del Valle de Santa Ana manifestó este jueves, durante una audiencia ante el Concejo Municipal, su malestar por haber sido según ellos excluida de la organización de la edición número 18 del tradicional Desfile Ilusión de la Navidad, previsto para diciembre de 2025. La agrupación aseguró que, por primera vez en casi dos décadas, no fueron tomados en cuenta para coordinar uno de los eventos comunitarios más importantes del cantón.
Durante la sesión extraordinaria, los representantes Humberto Aguilar, Cristian Fallas y Noemí Mejía relataron que desde julio solicitaron por escrito la autorización y coordinación para celebrar el desfile, pero —según expresaron— nunca recibieron respuesta del Concejo Municipal. Posteriormente, afirmaron haberse enterado de que la Alcaldía había trasladado la organización del evento a una comisión creada desde enero de este año, sin que la Asociación fuera invitada como organizadora.
“Esta es la primera vez que nos ocurre esto. Llevamos 17 años organizando el desfile —exceptuando la pandemia— y nunca se nos había dejado por fuera”, expresó Aguilar al inicio de la audiencia. Los representantes señalaron que tradicionalmente comienzan el trabajo logístico desde abril de cada año, y que incluso ya habían avanzado en la planificación para la edición 2025 cuando conocieron que la Municipalidad estaba manejando el proceso por aparte.
Fallas y Mejía detallaron que la Asociación Cívica fue fundadora del desfile hace casi 20 años, con el objetivo de unir a las familias del cantón mediante un evento cultural que ha servido también para visibilizar a agrupaciones locales de folclor, deporte y artes, “creando identidad santaneña” y fortaleciendo el tejido comunitario.
Los voceros expresaron sentirse “irrespetados” por la decisión de excluirlos, y afirmaron que la Alcaldía nunca les notificó sobre la comisión organizadora ni les extendió una invitación formal para integrarse. También señalaron que la Administración justificó la decisión alegando que el desfile estaba siendo gestionado desde inicios del año por una comisión organizadora, y que solamente les había hecho llegar mensajes donde se les invitaba a dar opiniones sobre la organización del mismo.
El regidor Danny Ureña admitió no haber dado el debido seguimiento a las notas enviadas por la Asociación, pero destacó que históricamente esta ha sido la encargada del evento. Ureña insistió en que el desfile “siempre ha sido un aporte cultural invaluable” y llamó a la Alcaldía a reconsiderar la exclusión del grupo.
Por su parte, la regidora Debbie Zamora lamentó la falta de información hacia el Concejo y cuestionó qué ocurrirá con el trabajo de meses que la Asociación tenía avanzado. Además, pidió al alcalde explicar el procedimiento que seguirán para autorizar cierres de calles y logística general, dado que el Concejo también debe aprobar estos trámites.
Otro punto que generó inquietud entre los regidores fue el anuncio de que el presupuesto para el desfile pasó de los históricos ₡5 millones a ₡19,5 millones, lo que motivó dudas sobre quién ejecutará esos recursos y si será la Municipalidad o la Fundación GAD la encargada de la organización de los Festejos Populares. El alcalde indicó que se pretendía hacer decoraciones navideñas en ambos parques municipales (Santa Ana y Piedades) así como la puesta de los «pasitos» en esos espacios.
Reconocen trayectoria y aportes culturales de la Asociación
Varios regidores recordaron el impacto positivo del desfile desde sus orígenes, destacando que la iniciativa ha contribuido al rescate del arte, el deporte, la convivencia familiar y la identidad santaneña. También agradecieron a la Asociación Cívica su labor voluntaria durante casi dos décadas.
En sus intervenciones, señalaron que el crecimiento acelerado del cantón ha hecho más difíciles los espacios de encuentro comunitario, y que el desfile se convirtió justamente en uno de los eventos que logró mantener viva la cohesión social.
Alcalde responde y defiende trabajo de la comisión municipal
Al cierre del intercambio, el alcalde Juan José Vargas reaccionó señalando que la Fundación GAD ha enfrentado “trabas” en su labor organizativa, y cuestionó la magnitud de la polémica generada alrededor del evento.
Administración de Fundación GAD no quizo referirse a este medio
Le consultamos vía whatsapp al Sr. Andrés Vargas quien es el Administrador de la Fundación GAD, para que nos confirmara si este desfile estaba siendo organizado directamente por la alcaldía, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta, en ocasiones anteriores las respuestas erán rápidas a nuestras consultas, desconocemos porqué no se quizo referir esta vez a nuestras consultas.
Finalmente La Asociación Cívica anunció a través de sus voceros, que NO participarán en la organización del desfile de este año y que esperan que vuelvan a ser valorados por el Concejo Municipal para el 2026.
La sesión extraordinaria del Concejo Municipal realizada este jueves estuvo marcada por la contundente intervención de los vecinos de Calle El Tajo en Lindora, quienes denunciaron nuevamente la inacción municipal frente a las inundaciones recurrentes que afectan a esta comunidad desde hace más de un año.
La audiencia, que encabezó el orden del día, permitió exponer en detalle las causas, daños y dificultades que enfrenta el sector cada vez que se registran lluvias de moderadas a fuertes. Los vecinos recordaron que la inundación más severa se presentó el 19 de septiembre de 2024, y desde entonces se han generado otros eventos adicionales.
El origen del problema: un alcantarillado sepultado y rellenos ilegales
Según explicaron, el informe 7-2024 de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) determinó que la raíz del colapso es la obstrucción severa del alcantarillado pluvial, cuya tubería atraviesa una propiedad de la Federación Costarricense de Ciclismo (FECOCI). En ese terreno –señalan los documentos– se realizaron rellenos ilegales que sepultaron la tubería a una profundidad cercana a los 10 metros, provocando su hundimiento y afectando los pozos pluviales.
Los vecinos también denunciaron aportes de agua provenientes de Hacienda Lindora, así como un desfogue ilegal de aguas pluviales desde Tajo Lindora, lo que ha aumentado la saturación del sistema y las condiciones de riesgo sanitario y ambiental.
“Lo hemos perdido todo dos veces”
Durante la intervención, la vocera del grupo, relató el impacto humano y material que han sufrido: pérdida total de muebles, electrodomésticos y enseres; ingreso de agua hasta las rodillas dentro de las viviendas; y la angustia constante de vivir bajo amenaza de un nuevo desbordamiento.
Aseguró que la comunidad documentó cada evento y presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, el cual fue resuelto a su favor y obliga a la municipalidad a ejecutar una solución en un plazo de 12 meses.
Reclamos por atrasos y falta de respuestas
Los vecinos afirmaron que la municipalidad ha actuado con lentitud y que los procesos administrativos han retrasado decisiones clave, como el estudio hidrogeológico y la compra de una tubería de 100 metros que consideran urgente para aliviar la presión del sistema.
Señalaron, además, que los trabajos paliativos recientes –realizados el 25 y 26 de octubre– surgieron gracias a la iniciativa de un funcionario operativo, y no como parte de una planificación institucional adecuada.
Pese a estas intervenciones, indicaron que se formó una nueva laguna en la zona, que ya fue reportada al Ministerio de Salud ante el riesgo de proliferación de mosquitos y enfermedades.
El Concejo Municipal pide soluciones integrales
Regidores como José Roberto Castro expresaron su preocupación por la situación e insistieron en que el Concejo está dispuesto a apoyar presupuestariamente y a fiscalizar los procesos para que la solución definitiva llegue cuanto antes.
Los vecinos solicitaron ser incluidos en el próximo presupuesto municipal para asegurar recursos que permitan ejecutar las obras estructurales necesarias.
Alcalde responde: “Estamos resolviendo problemas acumulados por años”
El alcalde Juan José Vargas reconoció la gravedad del caso, pero afirmó que muchas de las causas se originaron en administraciones pasadas, incluso desde hace más de 10 años.
Vargas señaló que parte del retraso se debe a que la tubería requerida tiene un diámetro que los proveedores nacionales no manejan, por lo que se debe traer del exterior. También defendió el trabajo del personal técnico y de cuadrillas municipales, destacando su respuesta durante las emergencias.
No obstante, evitó comprometer fechas exactas, argumentando que los plazos dependen de licitaciones, disponibilidad de materiales y estudios técnicos obligatorios.
Vecinos piden no ser olvidados
Al finalizar, los residentes insistieron en que no pueden esperar otro invierno y que no desean repetir un episodio de inundación “que pudo evitarse si las acciones se hubieran ejecutado a tiempo”.
Solicitaron una fiscalización estricta del Concejo hacia la Alcaldía y sus departamentos, y advirtieron que continuarán exigiendo soluciones para garantizar un ambiente sano y seguro, tal como lo ordena la Sala Constitucional.
Otra situación que afecta a los vecinos: El Tajo Lindora
Otra situación que viene afectando a estos vecinos es sobre el funcionamiento del Tajo Lindora, el cual ellos aducen que actualmente el tajo no viene realizando dicha actividad y que más bien se ha visto recientemente a muchas vagonetas llegar a dejar tierra donde aparentemente se esta haciendo un relleno en ese tajo, los vecinos dicen que esta actividad no está autorizada por el Ministerio de Salud ni la Municipalidad, además se crearon estructuras ilegales para desviar aguas a terrenos privados y luego caer a la alcantarilla que viene afectando a los vecinos los últimos meses.
Este medio trató de comunicarse con la administración del Tajo Lindora desde hace algunos días atrás para conversar sobre este tema, pero al cierre de esta nota, no se logró obtener respuesta alguna.
La Cooperativa de Servicios de Salud de Santa Ana (Coopesana R.L.) presentó oficialmente la nueva Junta de Salud del sector Santa Ana, órgano comunitario que iniciará funciones el próximo 1.º de enero de 2026, según informó la institución mediante un comunicado gráfico.
La Junta quedó conformada por representantes de los sectores de Asegurados, Aso Pro Salud y Patronos, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar los procesos de mejora continua en los servicios de salud del cantón, así como promover la participación comunitaria en la gestión local.
Por el sector de Asegurados, fueron designados:
Krisey Chaves Ledezma
Luis Diego Gene Antillón
Rita Gamboa Conejo
Gilberto Ávila Badilla
En representación de Aso Pro Salud, integran la Junta:
Zulay Cubero Fernández
Gilberto Ávila Badilla (quien también figura en Asegurados)
Finalmente, por el sector de Patronos, participará:
Ana Luisa Cerdas Albertazzi
Coopesana destacó que la conformación de esta Junta busca fortalecer los vínculos entre la comunidad y los servicios de salud, garantizando mayor transparencia, acompañamiento y corresponsabilidad en la gestión institucional.
Con la instalación de esta nueva Junta de Salud, Santa Ana se prepara para un nuevo periodo de trabajo colaborativo orientado a mejorar la atención y promover el bienestar de los usuarios de la red local.
Santa Ana guarda entre sus recuerdos urbanos uno de los proyectos de infraestructura médica más enigmáticos de la historia: el Hospital Iberoamericano, una obra concebida a inicios de la década de 1980 que, pese a ser anunciada y visualizada en diseños arquitectónicos, jamás abrió sus puertas al público quedando en el olvido, hoy es una propiedad privada que simplemente se encuentra a la espera ser desarrollada.
El proyecto, del cual subsisten fotografías, bocetos y menciones en archivos locales, surgió en un periodo en el que se buscaba fortalecer la oferta de servicios de salud en la región oeste de San José. El edificio fue planificado para construirse en las cercanías de lo que hoy se conoce como la zona del Forum, un sector que entonces comenzaba a transformarse aceleradamente.
De acuerdo con registros compartidos por vecinos y recopilaciones históricas disponibles, el Hospital Iberoamericano fue presentado como una iniciativa privada con aspiraciones de convertirse en un centro médico moderno para la época. Sin embargo, tras su presentación y un aparente inicio preliminar de obras, el proyecto quedó estancado y nunca logró concretarse.
Hasta hoy no existe documentación pública digitalizada que explique con exactitud las razones de su abandono. La falta de financiamiento, problemas legales o cambios en la planificación urbana figuran entre las hipótesis mencionadas por quienes recuerdan el proyecto, aunque ninguna ha sido confirmada oficialmente. Los expedientes formales, si existen, permanecen en archivos físicos que no han sido sistematizados, además de algunas leyendas urbanas sobre la existencia de fantasmas en el lugar.
Lo que sí ha sobrevivido es la memoria colectiva: fotografías de maquetas, publicaciones antiguas y relatos de residentes que, cuatro décadas después, continúan refiriéndose al Hospital Iberoamericano como “el hospital que nunca fue”.
Aunque su historia quedó inconclusa, el caso del Hospital Iberoamericano es un recordatorio de los numerosos proyectos de infraestructura sanitaria que marcaron —o intentaron marcar— el desarrollo del Gran Área Metropolitana durante los años de expansión acelerada del país.
Ya no hay hora segura ni día tranquilo: la Ruta 27 se ha convertido en un caos vial permanente, donde las presas son tan predecibles como inevitables. Desde el peaje de Piedades de hasta San José, miles de conductores enfrentan cada jornada una batalla contra el tráfico, el cansancio y la frustración.
Cada vez son más los vehículos que se incorporan a esta carretera nacional, alimentados por el crecimiento acelerado de nuevos condominios y residenciales en zonas como La Guácima, El Coyol, San Rafael de Alajuela, Santa Ana y Escazú. A diario, miles de vecinos de estas comunidades utilizan la Ruta 27 para llegar a la capital, formando interminables filas que paralizan la vía durante horas.
A este caos se suma el crecimiento acelerado de la flota vehicular, donde cada año ingresan miles de automóviles nuevos a las carreteras, aumentando de manera significativa la cantidad de carros que circulan por las principales rutas nacionales. Este aumento constante de vehículos, sin una ampliación proporcional en la infraestructura vial, agrava un problema que ya sobrepasó los límites.
Según denuncian los propios usuarios, las municipalidades continúan aprobando proyectos habitacionales sin una planificación vial real, motivadas —dicen muchos— por el interés en aumentar sus ingresos municipales. El resultado: más casas, más carros y una carretera que simplemente no da abasto.
El panorama empeora con los choques y colisiones frecuentes que ocurren sobre la ruta, los cuales terminan de colapsar el tránsito y multiplican los tiempos de viaje. En medio del caos, el servicio de transporte público tampoco ofrece una alternativa eficiente, por lo que la mayoría se ve obligada a utilizar su vehículo particular.
Mientras tanto, el marchamo sigue aumentando cada año, engordando las arcas del Estado, pero sin traducirse en mejoras para quienes padecen las presas diarias. “Pagamos más, sufrimos igual y nadie arregla nada”, resumió don Juan Carlos Ramírez resignado mientras esperaba avanzar unos metros usando el servicio de transporte público.
Así, la Ruta 27 se consolida como el símbolo perfecto del colapso vial costarricense: una carretera de peajes altos, tráfico eterno y promesas incumplidas, donde los conductores pagan caro por moverse lento.
El regidor Enmanuel Morales realizó una intervención ayer en la sesión del concejo municipal en la que destacó la importancia de apoyar a la Banda Municipal Cantonal de Santa Ana, invitada a participar en el Festival de la Luz 2025 en San José.
Morales señaló que la participación de la agrupación representa una oportunidad para mostrar el talento musical, la disciplina y la identidad cultural del cantón, además de fomentar valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la perseverancia. “Son cerca de 150 personas que, lejos de incurrir en actos delictivos, dedican su tiempo a la promoción cultural. Es una experiencia formativa y emocional que deja huella”, expresó el regidor.
En su intervención, el regidor hizo un llamado al alcalde Juan José Vargas para que la administración valore brindar apoyo logístico o alimentario a los integrantes de la banda, en reconocimiento a su labor y como inversión en prevención social y desarrollo cultural.
Por su parte, el alcalde Vargas reconoció el valor del proyecto, pero cuestionó que la Municipalidad de San José, organizadora del festival, no asuma la alimentación o refrigerio de las bandas participantes. “Con el presupuesto que tiene la Municipalidad de San José, me parece muy mal que no puedan ofrecer un refrigerio a una banda invitada”, comentó.
El alcalde añadió que, de la misma manera, cuando Santa Ana recibe bandas invitadas, el gobierno local asume la alimentación y, en algunos casos, el transporte. “Es un gesto de respeto hacia quienes vienen a representar su comunidad”, puntualizó.
Ayer durante la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Juan José Vargas se refirió a un posible proyecto de vivienda destinado a las familias que residen en el sector de Chirracal, luego de que el regidor Danny Ureña solicitara aclarar información entre un oficio municipal y videos grabados por el propio alcalde.
El regidor leyó en el concejo municipal un correo enviado por Sofía Mena, funcionaria de la Municipalidad, en el que se señalaba que actualmente la institución “no cuenta con algún proyecto habitacional para atender la reubicación” solicitada por el Comité Cantonal de Deportes. No obstante, el regidor contrastó esa afirmación con videos recientes en los que el alcalde Vargas aseguraba a los vecinos de Chirracal que se estaban incluyendo en un proyecto de vivienda con unas 80 unidades habitacionales en el sector de Río Oro.
En los videos, Vargas explicaba que “las familias que la Magister Sofía Mena ha venido chequeando las estamos incluyendo en un proyecto de vivienda que, si Dios lo permite, vamos a comenzar a comprar el lote en Río Oro”, y mostraba planos del desarrollo para garantizar a los vecinos que “nadie va a ser movido hasta no tener las cosas bien ciertas”.
Ante las consultas del regidor Ureña sobre la falta de presupuesto aprobado y la inexistencia de un expediente formal, el alcalde aclaró que el video fue enviado de manera privada a un chat de las 16 familias que habitan en Chirracal, y no como una publicación oficial.
Vargas reconoció que no se trata aún de un proyecto municipal formalmente establecido, sino de una propuesta en elaboración, impulsada en conjunto con dos asociaciones de vivienda del cantón. Según el alcalde, los planos mostrados fueron elaborados “sin recursos de la municipalidad” y buscan sentar las bases para un futuro proyecto habitacional que permita reubicar a las familias asentadas sobre una calle pública.
“Lo que estamos haciendo es elaborando la propuesta, y no me interesa que se concluya en este gobierno, sino sentar las bases para que pueda haber un proyecto de vivienda aquí en Santa Ana, fuera de toda acción politiquera”, afirmó Vargas durante la sesión.
El alcalde añadió que el objetivo es abrir la vía de Chirracal, actualmente ocupada por viviendas, para conectarla con la nueva calle asfaltada que comunica hacia Escazú y San José. Mientras tanto, los vecinos censados por la funcionaria Sofía Mena son los únicos que, según el alcalde, serían considerados en esta eventual reubicación.
La sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes estuvo marcada por un fuerte intercambio entre el alcalde Juan José Vargas y la regidora Debbie Zamora, luego de que el jerarca solicitara espacio para que dos ciudadanos se refirieran a una denuncia contra algunos funcionarios de la Policía Municipal.
Juan José Vargas pidió alterar el orden del día para que los señores Rodrigo Alberto Salazar Miranda y el abogado Jorge Cordero Víctor (carnet 22426) pudieran exponer una situación que, según explicó, ya había mencionado en la sesión anterior y que involucraba una aparente comunicación con la regidora Debbie Zamora. La moción fue aprobada por el Concejo, y ambos hombres fueron recibidos en audiencia.
Durante su intervención, Salazar relató haber sido detenido injustamente por efectivos de la Policía Municipal de Santa Ana y afirmó haber pasado más de un año en prisión por un delito que asegura no cometió. Según dijo, actualmente impulsa procesos judiciales en distintas instancias por los hechos ocurridos y denunció irregularidades en la actuación policial en aquel momento.
Su abogado, Cordero, respaldó las declaraciones y anunció que llevará el caso por la vía penal. De hecho el día 24 de octubre habría pedido documentación a la Policía Municipal, pero indicó que la información no le fué suministrada tal como él la solicitó. Ambos señalaron que, en el marco de esa situación, su representado habría recibido en apariencia una llamada de parte de la regidora Debbie Zamora, algo que la funcionaria negó rotundamente en la sesión.
La regidora Debbie Zamora respondió de inmediato, asegurando que no conoce a los denunciantes y calificando lo ocurrido como una injuria y calumnia en su contra. “Es la primera vez que veo a estos señores. Lo que se ha dicho carece de pruebas y constituye una afectación a mi buen nombre”, dijo, exigiendo al alcalde que se retracte públicamente. Además, señaló que la situación refleja una persecución personal en su contra. El Partido del Sol había manifestado en redes sociales que no estaban de acuerdo en las declaraciones del alcalde sobre lo que dijo de su regidora.
El alcalde Vargas, por su parte, defendió su actuación y reiteró que no tiene “nada personal” contra la regidora. “Ellos vinieron a reafirmar lo que ya habían manifestado. No soy yo quien tiene que traer las pruebas, ellos lo confirmaron aquí”, manifestó.
La regidora Sofía Álvarez intervino para aclarar que una eventual retractación pública o disculpa solo podría ordenarse mediante una resolución judicial, en caso de que un tribunal determine la existencia de difamación o calumnia.
Que dicé el Código Penal sobre las «disculpas públicas»
En el Código Penal de Costa Rica, no existe un artículo que mencione literalmente “disculpa pública”, pero sí hay artículos que la permiten o la implican indirectamente, especialmente en los delitos contra el honor.
1. Delitos contra el honor (artículos 145–152 del Código Penal)
Estos artículos regulan injuria, calumnia y difamación. En estos casos, el Código Penal y la práctica judicial admiten la retractación o disculpa pública como una forma de reparación o atenuante de la pena.
Ejemplo de conexión:
Artículo 151 (Difamación) establece que si el acusado reconoce la falsedad de lo dicho y se retracta antes de la sentencia, puede reducirse la pena.
Esa retractación suele hacerse de forma pública, especialmente si la ofensa fue pública.
En la práctica, el juez puede ordenar o aceptar una disculpa pública como modo de reparación.
2. Código Procesal Penal – artículos 36 y 37
Estos artículos permiten los acuerdos reparatorios y conciliaciones en delitos menores. Allí se pueden pactar formas de reparación simbólica o moral, entre ellas:
La disculpa pública o privada a la víctima.
La rectificación de una declaración falsa.
3. En la práctica judicial costarricense
Los tribunales han aceptado disculpas públicas como:
Reparación simbólica del daño moral.
Medida restaurativa (según la Ley 9582 de Justicia Restaurativa).
Condición de acuerdos conciliatorios o reparatorios.
4. Por la vía extrajudicial (voluntaria o privada)
Esta es la más común fuera de los tribunales, y no requiere proceso penal.
Se da cuando:
Una persona, empresa, institución o figura pública decide pedir disculpas de forma voluntaria, por ejemplo en redes, medios de comunicación o comunicados oficiales.
O cuando la persona afectada solicita una disculpa, y la otra parte accede sin que medie un juez.
En este caso:
La disculpa no tiene valor jurídico directo, pero sí valor moral, reputacional o político.
Puede evitar que la víctima presente una denuncia o demanda, si considera que la reparación fue suficiente.
También puede servir como acto de buena fe o prevención.
El ambiente en la sesión se mantuvo tenso hasta el cierre de la audiencia. El alcalde concluyó señalando que espera que el caso siga su curso judicial y reiteró su interés en que la Policía Municipal “actúe de manera profesional y justa”.