Un altercado registrado en la pura mañana de este martes en las instalaciones de Aldeas Infantiles SOS, camino a Salitral, terminó con vandalismo, fuga de menores y un despliegue policial.
De acuerdo con los primeros reportes, al menos cinco adolescentes bajo resguardo de la institución iniciaron disturbios debido a un presunto malestar con funcionarios. En medio de los hechos, los jóvenes quebraron ventanas y puertas, causaron daños a vehículos y a una bodega, además de sustraer varios artículos del lugar.
Tras el motín, los menores aprovecharon para darse a la fuga. Cuatro de ellos fueron localizados posteriormente, mientras que uno permanecía desaparecido según nos informó Luis Moncada, director de la Policía Municipal.
La situación obligó a la intervención conjunta de Fuerza Pública, Policía Municipal y el Programa Penal Juvenil, con el fin de restablecer el orden dentro del centro.
Aunque no se reportaron personas heridas, los daños materiales en la infraestructura y vehículos de la institución son significativos. Las autoridades mantienen la búsqueda del menor que aún no ha sido ubicado e investigan las circunstancias que originaron el conflicto.
El Consejo de Transporte Público (CTP) ha resuelto una denuncia presentada por la usuaria Paola Vanessa Mejía Keith contra la empresa Compañía de Inversiones La Tapachula S.A., operadora de la ruta 09. La queja se centraba en las deficiencias del servicio, incluyendo el mal estado de una unidad de bus y el incumplimiento de horarios.
Según los documentos oficiales, la denuncia, ingresada al módulo de inconformidades, alegaba que la unidad 32 se encontraba en «visiblemente vieja y en mal estado» y que había «quedado varada» en un punto del recorrido. Adicionalmente, se señalaba un «incumplimiento de horarios» por parte de la empresa.
En respuesta, la Compañía de Inversiones La Tapachula S.A. presentó un descargo argumentando que la unidad cuenta con los permisos y autorizaciones vigentes, y que el incidente de la «unidad varada» fue debido a un acto del conductor y no a una falla mecánica. La empresa también señaló que la condición de las vías contribuía a las demoras en el servicio.
Tras analizar los probatorios presentados por ambas partes, el CTP dictaminó que, si bien la denuncia era legítima, la «conducta denunciada ha concluido y no representa una violación en curso de las normas vigentes». Sin embargo, la institución manifestó que si se constata la persistencia de estas conductas, se darán los pasos para una fiscalización exhaustiva.
El CTP ha comunicado su decisión a la denunciante y ha otorgado un plazo de tres días hábiles para apelar la resolución. El caso se da por atendido y archivado, sujeto a un posible seguimiento en caso de nuevas quejas.
Es importante que si usted es usuario del servicio de transporte público y se ve afectado por el servicio, haga las denuncias aportando documentación de prueba ante el CTP para que investiguen su caso o denuncia.
La Asociación de la Escuela Municipal de Artes Integradas (EMAI) compareció este martes ante el Concejo Municipal para exponer sus responsabilidades en la administración de la institución y responder a inquietudes relacionadas con un reciente informe de auditoría.
La presidenta de la Asociación, Emilia Calvo Vargas, junto a otros miembros de la junta directiva y del cuerpo académico, defendió el papel de la organización en los más de 25 años de trayectoria del proyecto, al que calificó como “insigne y modelo de cultura y educación artística en todo el país”.
Calvo advirtió que las recomendaciones del informe de auditoría presentado en diciembre de 2024 “no se apegan al debido proceso” y, según dijo, incluyen sanciones “extremas y desproporcionadas”. Aseguró que ninguno de los hallazgos apunta a actos de corrupción, sino a situaciones de mejora en la gestión tanto de la Asociación como de la Municipalidad.
Durante su intervención, la Asociación solicitó al Concejo que valore el impacto de sus decisiones, ya que cualquier alteración en la estructura administrativa podría afectar a los 1.200 estudiantes actuales y a los 100 beneficiarios de programas de extensión en comunidades como Matinilla, Ciudadela El Triunfo, Honduras, Lindora, Brasil y La Mina.
Asimismo, propuso la redacción de un nuevo convenio entre la Municipalidad, el Concejo y la Asociación EMAI, con el acompañamiento de expertos, para garantizar la sostenibilidad de la escuela mientras se atienden las observaciones de la Contraloría General de la República.
Los regidores aprovecharon la sesión para plantear múltiples consultas. La regidora Debbie ZamoraLeitón cuestionó, entre otros puntos, el proceso de contratación de docentes, la administración de planillas, los criterios de matrícula y la organización de festivales culturales. A estas inquietudes, Calvo respondió que más del 90% del alumnado proviene de Santa Ana y aclaró que los límites de edad en cursos para adultos mayores corresponden a programas municipales, no al EMAI.
Por su parte, el director de la escuela, destacó que la malla curricular se construyó con base en la experiencia del fundador, el doctor Jorge Luis Acevedo, y en lineamientos del Ministerio de Educación Pública, además de inspirarse en modelos académicos de universidades públicas y conservatorios del país.
Otros regidores, como Danny Ureña y Esteban Blanco, subrayaron la importancia de garantizar la continuidad del proyecto, reconociendo el valor del EMAI como motor cultural de Santa Ana. Blanco, en particular, transmitió consultas de vecinos relacionadas con el uso de la Casa de la Cultura, la apertura de talleres de verano y la participación de artistas locales en la galería.
Por su parte, el alcalde enfatizó en que al EMAI se debe «pulirlo porque es como un diamante» y que está consciente las mejoras que deben existir y apegarse a las recomendaciones de la auditoría.
La Asociación insistió en que la EMAI no rechaza los procesos de auditoría ni la fiscalización, pero pidió un diálogo “oportuno, recíproco y formal” con las autoridades municipales para evitar que los hallazgos afecten el funcionamiento de la escuela y la vida cultural del cantón.
La mañana de este viernes 22 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, compareció ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad por un caso de presunta concusión vinculado al financiamiento de la Casa Presidencial con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La audiencia, iniciada a las 8:00 a. m. en el Salón de Jefes de Estado y Expresidentes del Congreso, se extendió al mediodía, aunque no se descarta que continúe en una sesión extraordinaria posterior. Chaves acudió acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos, mientras en las afueras de la sede legislativa decenas de simpatizantes lo recibieron con cánticos de apoyo.
Se trata de un hecho inédito en la historia política costarricense, ya que nunca antes un mandatario en ejercicio había tenido que acudir al Parlamento en el marco de un proceso de desafuero. La Fiscalía General, dirigida por Carlo Díaz, acusa al presidente de haber solicitado al publicista Christian Bulgarelli la entrega de $32.000 a su amigo y asesor Federico “Choreco” Cruz, a cambio de un contrato por $405.000 otorgado a la empresa RMC La Productora.
En la misma causa figura como imputado el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de despacho presidencial. Rodríguez también comparece ante la comisión este viernes, acompañado de su defensor.
La instancia legislativa cuenta con un plazo de 20 días, prorrogable una única vez, para rendir un informe al Plenario sobre la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad del presidente. En caso de recomendar el desafuero, se requerirá una mayoría calificada de 38 votos para que Chaves pueda enfrentar el proceso penal.
El desarrollo de esta audiencia marca un precedente en la política costarricense y abre un capítulo sin precedentes en la relación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ayer en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, la diputada independiente Katia Cambronero presentó un detallado informe sobre el estado del proyecto de ley 23.645, que busca la creación del Parque Natural Urbano Lorne Ross, considerado por distintos sectores como un motor de desarrollo social, ambiental y económico para el cantón.
Durante su intervención, la diputada Cambronero recordó que la iniciativa fue presentada en marzo de 2023 y ha atravesado un complejo proceso legislativo, marcado por el apoyo de la mayoría de fracciones políticas y el bloqueo sostenido de parte del oficialismo. El proyecto ya superó la etapa de comisión y actualmente se encuentra en el orden del día del plenario legislativo para su discusión en primer debate.
“Este es un proyecto que une a las fuerzas políticas de Santa Ana y que ha demostrado que, con voluntad, se pueden lograr grandes cosas para el bienestar ciudadano”, afirmó la diputada, quien destacó que la propuesta no implica una cesión de terrenos, sino una autorización al gobierno local para administrar el espacio en conjunto con el MINAE bajo criterios de conservación.
Apoyo ciudadano y logros legales
El movimiento “Salvemos al Parque Lorne Ross” ha impulsado la iniciativa desde la comunidad, recolectando más de 15 mil firmas de respaldo y organizando manifestaciones tanto a nivel local como nacional. Además, en 2024 la Sala Constitucional resolvió a favor de un recurso de amparo presentado por líderes comunales, señalando un abandono histórico en la administración del área y ordenando al MINAE asumir responsabilidades de mantenimiento y conservación con reportes periódicos.
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) también emitió un informe técnico que confirma la existencia de más de seis hectáreas de humedal dentro del parque, recomendando su protección bajo un régimen de mínima intervención humana.
Retos y obstáculos
Uno de los principales puntos de conflicto ha sido la oposición de la diputada oficialista Pilar Cisneros, quien ha reiterado su intención de bloquear el proyecto mediante la presentación de más de 200 mociones. “Me parece una terquedad y una falta de respeto hacia la mayoría comunal. Este es un proyecto respaldado por Santa Ana y por el país”, señaló Cambronero.
La diputada recordó, además, que en marzo de 2025 un incendio vandálico consumió cerca de 13 hectáreas del terreno, lo que reforzó la urgencia de garantizar su protección legal y ambiental.
Voces de apoyo en el Concejo
Regidores de distintas fracciones aprovecharon el espacio para manifestar su respaldo. La regidora Debbie Zamora Leitón calificó el proyecto como un “legado para las futuras generaciones”, mientras que el regidor Walter Herrera destacó la importancia de la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
El Concejo Municipal acordó enviar el tema a la comisión respectiva para su análisis y dictamen, al tiempo que se planteó la posibilidad de solicitar al MINAE un informe sobre el cumplimiento de las órdenes dictadas por la Sala Constitucional.
Un pulmón verde para Santa Ana
Cambronero subrayó que el proyecto responde a una necesidad urgente del cantón: contar con espacios públicos de calidad para el disfrute de las familias, jóvenes y adultos mayores. “Santa Ana tiene la posibilidad de convertirse en uno de los mejores municipios de Latinoamérica, pero necesitamos rescatar este pulmón verde que hoy está abandonado”, concluyó.
El Gobierno Local de Santa Ana, en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció la realización de una campaña de donación voluntaria de sangre el próximo 29 de setiembre de 2025, entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m., en el primer piso de la Casa Municipal de la Cultura, sede EMAI.
La jornada tiene como objetivo promover la solidaridad y garantizar el abastecimiento de sangre en los centros médicos del país. El cupo será limitado a 60 personas, por lo que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente mediante un formulario digital disponible a través de un código QR. La fecha límite de inscripción es el 4 de setiembre de 2025.
Requisitos para donar:
Tener entre 18 y 65 años.
Gozar de buena salud.
Pesar más de 52 kilos y medir 150 cm o más.
Portar documento de identificación.
Estar bien hidratado.
Haber ingerido un desayuno liviano sin grasas, lácteos ni derivados.
En el caso de las mujeres, no estar embarazadas ni en periodo de lactancia.
No haberse sometido a cirugías, endoscopías, tatuajes o perforaciones en los últimos seis meses.
No haber ingerido licor en las últimas 24 horas.
Los organizadores destacan que una sola donación puede salvar hasta cuatro vidas, por lo que invitan a los vecinos del cantón y comunidades cercanas a sumarse a esta iniciativa solidaria.
El Concejo Municipal resolvió este martes los recursos extraordinarios de revisión presentados por varios vecinos contra el acuerdo que aprobó aumentos en las tasas de servicios municipales para el periodo fiscal 2026.
La decisión se tomó luego de que el regidor Roberto Spesny, del Partido del Sol, presentara una moción para que los recursos fueran conocidos directamente en el pleno del concejo municipal, debido a la disolución de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que originalmente debía analizarlos. La moción fue aprobada con mayoría de votos, pese a la oposición de los regidores del PUSC, Cinthya Chaves Robles y de Gonzalo Rojas quien ahora es el presidente municipal después que presentara la renuncia la Sra María Paula Villareal Galera como regidora propietaria.
Tres ciudadanos —Ana Virginia Esquivel, Marcelo Vargas Lobo y Nancy Cubero Sibaja— interpusieron recursos contra el acuerdo aprobado en julio pasado en la sesión extraordinaria número 32-2025, donde se fijaron nuevos montos para tasas de servicios como recolección de residuos, seguridad municipal y mantenimiento de parques.
El primer recurso, presentado por Ana Virginia Esquivel, fue rechazado al no aportar causales específicas de nulidad absoluta ni pruebas que sustentaran sus alegatos, según concluyó el Concejo.
Sin embargo, los recursos de Marcelo Vargas Lobo y Nancy Cubero Cibaja sí fueron acogidos. Ambos argumentaron falta de motivación en el dictamen que sirvió de base para los aumentos y la violación al principio de costo efectivo establecido en el artículo 83 del Código Municipal. En particular, cuestionaron el incremento del 46% en la tasa de recolección de residuos, aprobado sin que la administración presentara modelos tarifarios alternativos ni estudios técnicos que respaldaran el ajuste.
Tras analizar los escritos, el Concejo determinó que efectivamente existió ausencia total de motivación y quebrantamiento del régimen tarifario, lo que constituye un vicio de nulidad absoluta. En consecuencia, declaró sin efecto jurídico el acuerdo que fijaba los aumentos y ordenó a la Dirección de Gestión Financiera y Tributaria presentar, si lo considera necesario, una nueva propuesta de ajuste tarifario que incluya modelos alternativos, escalonados o diferenciados, con base en la realidad cantonal y debidamente fundamentados.
Vecinos se manifestaron ambos martes contra el alza de los impuestos municipales
Una aproximado de unos 100 vecinos del cantón llegaron a manifestarse el martes anterior y ayer durante las sesiones del Concejo Municipal contra esta alza de impuestos municipales, que entraban a cobrarse precisamente a partir del 2026. Esta alza ha tenido un repudio de muchos vecinos del cantón ya que según como lo han mencionado, nunca se les consultaron sobre esta alza a todos los santaneños.
Con esta resolución, el aumento de las tasas municipales aprobado para el 2026 queda sin efecto, y la Municipalidad deberá replantear su propuesta si desea ajustarlas para el próximo periodo fiscal.
En otra nota buscaremos las reacciones de los regidores del PUSC del porque se opusieron a esta moción tras la presentación de estos documentos de revisión. Igualmente consultaremos con la alcaldía sobre esta decisión y que otra alternativa presentarán especialmente con las nuevas plazas para la Policía Municipal.
El Concejo Municipal aprobó por unanimidad el día de ayer la autorización para iniciar el proceso de compra de un terreno en el distrito de Pozos, con el objetivo de construir un parque recreativo que beneficiará a los vecinos de esa comunidad.
La propuesta fue presentada en la sesión municipal mediante el oficio MSA-GAD-PRV-04-039-2025, suscrito por la analista de Produría Karla Guerrero Mora. El acuerdo se ampara en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que permite la adquisición de bienes inmuebles sin necesidad de aplicar el procedimiento ordinario.
El terreno en cuestión corresponde a la finca número 454432, inscrita bajo el plano SJ0370-494 de 1996. La compra busca dotar a la comunidad de Pozos de un espacio público destinado al deporte, la recreación al aire libre y la conservación del medio ambiente.
Durante la discusión, la regidora Cintia Chávez Robles presentó la moción para darle firmeza al acuerdo, la cual recibió el respaldo unánime de los regidores.
El alcalde Juan José Vargas destacó el trabajo de los funcionarios y comisiones municipales que han impulsado la iniciativa, señalando que el proyecto ha sido analizado a profundidad y que responde a una necesidad histórica de la comunidad.
Por su parte, el regidor Walter Herrera recordó que la idea de ampliar y consolidar un parque en Pozos surgió en un cabildo realizado hace algunos años, donde los vecinos plantearon la necesidad de contar con más espacios públicos.
Además, se informó que la Municipalidad destinará ¢30 millones para el diseño y elaboración de los planos del parque, con el fin de garantizar que el proyecto avance en paralelo con la compra del terreno.
Con este acuerdo, se da un paso más hacia la concreción de un proyecto que busca fortalecer la calidad de vida de los habitantes de Pozos, ofreciendo un espacio seguro, inclusivo y accesible para toda la comunidad.
En la pasada sesión de la Comisión de Hacienda del Concejo Municipal, representantes sindicales de la seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitaron que se apruebe un aumento salarial del 3% para todos los funcionarios municipales durante el 2025, en un solo ajuste anual y con carácter retroactivo a enero.
La petición fue presentada inicialmente en marzo de este año, cuando el sindicato propuso un incremento escalonado: un 2% en el primer semestre y un 1% en el segundo semestre. Sin embargo, debido al rezago en la discusión, los representantes sindicales plantearon ahora que el ajuste se apruebe en su totalidad de una sola vez.
El presidente de la seccional, Ronald Artavia explicó que el aumento ya está contemplado dentro del presupuesto 2025 aprobado tanto por el Concejo Municipal como por la Contraloría General de la República, y que existe disponibilidad financiera según la Dirección Tributaria municipal. “Nuestra petición es que se nos reconozca el 3% de una vez, ya que los recursos fueron previstos y aprobados desde el año pasado”, señaló.
No obstante, algunos regidores manifestaron dudas sobre la fórmula utilizada para calcular el ajuste. Señalaron que el índice de precios al consumidor (IPC) de 2024 cerró en 0,84%, lo que, sumado al 20% adicional que contempla la convención colectiva, daría un incremento cercano al 1% para el 2025. En ese sentido, algunos integrantes de la Comisión consideran que el 3% podría ser superior a lo justificado por la inflación real.
La sindicalista Helen Morales insistió en que el cálculo se basó en la provisión presupuestaria realizada en julio de 2024, tomando en cuenta datos del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Tras un pequeño debate, finalmente la Comisión de Hacienda acordó aprobar un ajuste intermedio cercano al 1.5% para todos los funcionarios municipales de forma retroactiva.
El sector de Lindora, en el distrito de Pozos, ha pasado en los últimos meses de ser una de las zonas más concurridas por su dinamismo comercial y gastronómico, a convertirse en un punto de atención prioritaria para las autoridades de seguridad tanto locales como a nivel nacional.
En las últimas semanas, la Fuerza Pública y la Policía Municipal han encendido las alertas tras una seguidilla de hechos violentos que culminaron recientemente con la muerte de tres personas en un mismo incidente, lo que ha generado gran preocupación entre vecinos, comerciantes y visitantes.
De acuerdo con reportes oficiales, la presencia de grupos vinculados al crimen organizado, sumado al aumento de la actividad nocturna en bares y restaurantes, han incidido en la aparición de disputas que desembocan en hechos de sangre. Estos eventos han llevado a que la zona sea percibida con mayor inseguridad, afectando tanto la convivencia ciudadana como la imagen del cantón de Santa Ana.
El alcalde Juan José Vargas ha manifestado que se coordina con la Fuerza Pública y Policía Municipal un refuerzo de la vigilancia en puntos estratégicos, así como operativos conjuntos en Lindora. La intención es frenar el incremento de la violencia y garantizar un ambiente seguro para residentes y visitantes.
No obstante, vecinos del área señalan que las medidas deben ser permanentes y no solo reactivas tras hechos graves, ya que el problema de fondo se relaciona con el asentamiento de estructuras criminales que operan en distintos cantones del país y que han encontrado en Lindora un punto estratégico.
Expertos en seguridad advierten que Lindora es hoy un reflejo de un fenómeno más amplio: la expansión del crimen organizado en espacios urbanos de alta actividad económica, donde las disputas se trasladan a lugares de visibilidad pública, elevando la percepción de inseguridad en comunidades que hasta hace pocos años no figuraban en el mapa de la violencia.
Por ahora, Santa Ana vive entre dos realidades opuestas: el dinamismo económico que caracteriza a Lindora y la creciente sombra de la criminalidad que amenaza con alterar el rumbo de la zona.
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
