Ante las consultas realizadas por este medio a Sofía Mena Chavarría, del Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social del Gobierno Local, sobre un presunto atraso en la actualización del reglamento de becas estudiantiles, la funcionaria respondió que no existe ninguna demora atribuible a su departamento y que el proceso se encuentra actualmente en análisis político dentro del Concejo Municipal.

Según detalló Mena, la propuesta de mejora al Reglamento de Becas fue trasladada a la Comisión de Becas desde el 1° de julio de 2025, mediante el oficio MSA-GDH-VRS-002-132-2025. No obstante, indicó que el documento fue conocido por dicha comisión hasta finales de agosto de 2025, cuando se solicitó a las fracciones municipales presentar sus propias propuestas de modificación.

De acuerdo con la funcionaria, el análisis por parte de las fracciones se extendió hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que representó cerca de cinco meses de discusión. Posteriormente, el dictamen con los aportes políticos fue remitido al departamento el 23 de diciembre, en periodo de vacaciones institucionales.

Al retomar el expediente en enero, Mena señaló que se detectaron discrepancias significativas entre las propuestas de las fracciones, específicamente en los artículos 1, 18, 23, 27 y 30, así como en la incorporación de nuevos artículos relacionados con periodos de apelación y sanciones. Estas diferencias, explicó, requieren una discusión entre las fuerzas políticas que integran el Concejo Municipal, por tratarse de decisiones de carácter político y no técnico.

Además, la propuesta debe incorporar recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna en el informe MSA-AUI-ICI-02-009-2025, lo que requiere también el aval del Departamento Legal antes de continuar el trámite formal.

Reglamento vigente sigue aplicándose

La funcionaria fue enfática en señalar que actualmente existe un reglamento de becas vigente, el cual ha servido de marco normativo para los procesos 2024, 2025 y 2026. Por tanto, aseguró que no existe afectación para las personas usuarias del programa.

“Los procesos de renovación, seguimiento y solicitudes nuevas pueden desarrollarse sin ningún tipo de afectación ni atraso”, indicó.

La discusión actual, añadió, corresponde a una propuesta de mejora impulsada por el propio departamento y la Administración Municipal, que el Concejo Municipal decidió enriquecer con aportes de las distintas fracciones.

Doble filtro en análisis de solicitudes

En cuanto al proceso de asignación de becas, Mena explicó que las solicitudes son analizadas por el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social con base en la documentación aportada por los interesados. Además, se revisa la información socioeconómica en la plataforma SINIRUBE (Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado), base de datos nacional que consolida información de más de 50 instituciones públicas.

Las solicitudes también son valoradas por los Concejos de Distrito, que elaboran un dictamen con recomendaciones u objeciones dirigido a la Comisión de Becas.

“Se realiza una revisión en dos vías: el análisis registral y socioeconómico mediante SINIRUBE y la revisión territorial de los Concejos de Distrito”, explicó.

Pendiente acuerdo político

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, aún falta que las fracciones municipales logren uniformidad en los artículos en discusión. Una vez alcanzado el consenso, el texto deberá ser aprobado por el Concejo Municipal y posteriormente publicado en el diario oficial La Gaceta.

Tras su publicación, deberá cumplirse el periodo de consulta pública que establece la ley antes de que el reglamento pueda entrar en vigor.

Desde el Proceso de Vulnerabilidad y Riesgo Social insisten en que no es correcto atribuir el supuesto atraso a un tema técnico, ya que el punto actual de discusión corresponde a decisiones de carácter político dentro del Concejo Municipal de Municipalidad de Santa Ana.