Durante la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, realizada el pasado jueves 15 de enero, se desarrolló una extensa audiencia con la Licda. María Pérez Angulo, directora de Gestión Financiera y Tributaria de la Municipalidad, con el objetivo de aclarar dudas relacionadas con el censo de desechos sólidos, la aplicación de nuevas tarifas y el contrato vigente para el tratamiento y disposición final de la basura.

La funcionaria explicó que las nuevas tarifas por recolección y tratamiento de residuos se encuentran vigentes desde el 1.º de enero de 2026, tras haber sido aprobadas por el Concejo Municipal y publicadas en La Gaceta el 31 de julio de 2025. Asimismo, detalló que, desde el 1.º de diciembre de 2025, los desechos recolectados en el cantón se trasladan al sitio de transferencia en La Carpio, donde reciben tratamiento previo antes de su disposición final en Limón, lo que justifica el incremento en el costo del servicio.

En cuanto al contrato con la empresa EVI, Pérez Angulo indicó que el aumento tarifario comenzó a aplicarse a partir de la primera tonelada tratada en diciembre de 2025, luego de obtener la autorización del Ministerio de Salud para trasladar los residuos fuera del cantón.

Uno de los puntos más discutidos fue el censo de basura residencial, mediante el cual la municipalidad identificó aproximadamente 5.000 unidades habitacionales que no estaban registradas ni pagaban el servicio, pese a recibirlo. La directora fue enfática en señalar que este proceso no constituye un aumento del servicio, sino una medida para visibilizar evasores y promover justicia tributaria, de modo que la carga no recaiga únicamente sobre quienes sí cumplían con el pago.

Según explicó, el censo se realizó utilizando fotografías aéreas, información catastral, bases de datos municipales e inspecciones en campo. En los casos donde no se permitió el ingreso a las propiedades, se recurrió a indicadores externos como la cantidad de medidores eléctricos y estructuras visibles, dejando abierta la posibilidad de rectificación mediante solicitud de inspección. De las 5.000 nuevas unidades registradas, únicamente 106 propietarios han solicitado revisión, lo que representa un margen mínimo de reclamos.

Respecto al impacto financiero, Pérez Zángulo aclaró que los superávits de un servicio no pueden utilizarse para financiar otros, ya que por ley cada tasa debe ser autosuficiente. Cualquier superávit generado en 2025 se reflejaría eventualmente en la tarifa de 2027, una vez calculada con base en la ejecución real del período anterior. Además, señaló que la incorporación de estas nuevas unidades habitacionales podría reducir la carga tarifaria en años futuros, al distribuir el costo entre más contribuyentes.

Durante la audiencia, también se abordaron inquietudes sobre la comunicación del aumento a la población. La funcionaria sostuvo que, al tratarse de una tasa obligatoria, la publicación en La Gaceta constituye la notificación legal válida, además de que el tema fue discutido en sesiones públicas, audiencias y comisiones desde mayo de 2025.

Finalmente, se reiteró que los adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad cuentan con mecanismos legales de exoneración, siempre que realicen el trámite correspondiente ante la municipalidad, donde se brinda acompañamiento a quienes tengan dificultades para gestionar los procesos administrativos.

La sesión evidenció un amplio intercambio de criterios entre regidores y administración, así como la preocupación del Concejo por garantizar transparencia, equidad tributaria y claridad hacia la ciudadanía en la aplicación del nuevo esquema tarifario del servicio de recolección de residuos.