Durante la sesión del Concejo Municipal de Santa Ana del martes 9 de diciembre, la administración presentó la Modificación Presupuestaria N.° 05-2025, un ajuste financiero clave para cancelar una deuda histórica con funcionarios municipales, derivada de una sentencia judicial relacionada con el pago de anualidades acumuladas desde el año 2014.

El expediente, remitido por la encargada del proceso de presupuesto, Rebeca Vázquez Herrera, expone que la modificación se formula para cumplir con la resolución 225-0024-56, que condena a la Municipalidad a cancelar el porcentaje adicional de anualidades adeudado a trabajadores que, desde junio de 2014, mantenían puestos que aplicaban dicho beneficio.

El monto de la deuda y el ajuste requerido

Según explicó el alcalde Juan José Vargas Fallas, la Municipalidad había presupuestado ₡751 millones para este rubro; sin embargo, tras el análisis detallado realizado por la Dirección Financiera, se determinó que el verdadero monto a pagar asciende a ₡7.276 millones.

Debido a limitaciones de tiempo y capacidad operativa, la modificación presupuestaria presentada incluye únicamente ₡4.795 millones, quedando un faltante de ₡1.728 millones que deberá cubrirse posteriormente.

El resto de los recursos proviene de rebajos en partidas correspondientes a aseo de vías, cementerios, parques, reclutamiento, policía municipal y administración. También se incorporaron saldos de proyectos no ejecutados o declarados infructuosos durante el 2025, entre ellos:

  • Compra de terreno para la Villa Olímpica – ₡1.580 millones
  • Terreno para el centro diurno de adulto mayor en Hilo de Plata – ₡181 millones
  • Compra de lote en Brasil de Santa Ana para uso comunal – ₡140 millones
  • Terreno en Salitral para parque – ₡250 millones
  • Planta de tratamiento en Fontana Real – ₡190 millones
  • Parque recreativo en Pozos – ₡509,4 millones

En total, estos proyectos suman ₡2.850 millones, recursos que la administración se compromete a incluir nuevamente en un presupuesto extraordinario en 2026.

Debate y posiciones encontradas en el Concejo

La discusión estuvo marcada por varias inhibiciones de regidores que se apartaron del análisis por vínculos con el tema. Una vez retomado el debate, el alcalde destacó que el objetivo es realizar el pago entre el 15 y el 19 de diciembre, asegurando que los funcionarios municipales “merecen justicia tras más de 14 años de lucha”.

Vargas también informó que la seccional de ANEP manifestó su disposición de no cobrar intereses de costas, lo que representaría un alivio financiero para la Municipalidad.

Sin embargo, algunos regidores señalaron la necesidad de revisar con detenimiento los números antes de emitir un voto definitivo.

El regidor Danny Ureña manifestó su voto negativo a la dispensa, argumentando que el Concejo recibió el documento con poca anticipación, pese a que la sentencia se conocía desde meses atrás. “No es un vuelto lo que estamos dando. Hablamos de ₡7 mil millones y de recursos que provienen de proyectos y servicios municipales”, advirtió.

La presidenta municipal señaló que la intención es realizar un voto responsable y fundamentado, tomando en cuenta el impacto en obras públicas y en servicios que verán rebajos temporales.

Por su parte, el regidor Gonzalo Rojas, quien propuso la dispensa para agilizar el trámite, destacó la urgencia de hacer justicia a los trabajadores: “Es un tema que requiere solución cuanto antes; desde el 2014 vienen enfrentando esta situación”.

Otros regidores, como Walter Herrera, subrayaron que cada día de atraso incrementa intereses y reduce la capacidad del municipio para ejecutar obras futuras: “Si pagamos más intereses, hacemos menos calles, menos aceras. Es un tema que afecta directamente a las familias”.

Próxima discusión y decisión final

Aunque la moción para dispensar el trámite obtuvo apoyo parcial, no alcanzó la mayoría necesaria para aprobar la modificación en firme esa misma noche. Finalmente, el Concejo acordó analizar la propuesta nuevamente el jueves, solicitando la presencia de la directora financiera, María Pérez, autora del estudio técnico que sustenta el ajuste.

La sesión concluyó con el compromiso de avanzar hacia una solución que permita cumplir con la sentencia sin comprometer la estabilidad financiera del municipio ni la continuidad de sus proyectos prioritarios.