Una oficial de la Fuerza Pública que colisionó una patrulla contra un poste del tendido eléctrico en el distrito de Piedades, mientras conducía bajo los efectos del alcohol, no podrá volver a manejar unidades policiales al menos de forma temporal, mientras se desarrolla una investigación en su contra.

El comisario Marlon Cubillo, director de la Fuerza Pública, lo confirmó al medio CR Hoy que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) abrió un proceso administrativo contra la funcionaria, en apego a lo estipulado en la Ley General de Policía sobre faltas graves.

Los hechos ocurrieron el lunes 8 de septiembre a las 5:23 p.m. en el sector de Piedades. Tras el accidente, los dos policías que viajaban en la patrulla —un hombre y una mujer— recibieron atención médica. Posteriormente, se le practicó a la conductora la prueba de alcoholemia, la cual resultó positiva dentro de los parámetros que configuran el delito de conducción temeraria.

La oficial fue remitida a la Fiscalía de Flagrancia, donde además se abrió un proceso penal en su contra. Por ahora, la Fuerza Pública espera si el Ministerio Público impone alguna medida cautelar que restrinja sus funciones.

Rumores y otros antecedentes

Cubillo indicó que no existe certeza de que la funcionaria haya estado involucrada en otros accidentes de tránsito, aunque señaló que la investigación interna solicitará todos los antecedentes para corroborarlo.

El director reconoció que han existido otros casos de policías que han provocado accidentes bajo los efectos del alcohol, aunque aseguró que son “pocos” y que los controles recaen en los jefes inmediatos de cada delegación, quienes deben actuar de inmediato al detectar conductas irregulares.

Lo que dice la Ley

De acuerdo con el artículo 85 de la Ley General de Policía, se consideran faltas graves, entre otras: cometer delitos dolosos, embriagarse o consumir drogas durante el servicio, abuso de autoridad, abandono del servicio o recibir beneficios indebidos.

El artículo 86 faculta a la administración a suspender provisionalmente a un funcionario sospechoso de haber cometido una falta grave, mientras que el artículo 92 establece el despido justificado si se comprueba la responsabilidad del oficial.

Con la investigación administrativa y penal en curso, el futuro de la oficial dependerá de lo que determinen tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Seguridad Pública.