Sueldo millonario: el jugoso salario de la directora de la UNGL sin ser alcalde
Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), utiliza a su favor la fórmula salarial diseñada exclusivamente para alcaldes municipales, pese a que no dirige ningún gobierno local.
Según datos de la Contraloría General de la República (CGR), Porras devenga un salario mensual de ₡3,8 millones, monto que supera con creces el de muchos alcaldes en ejercicio.
Para ponerlo en perspectiva, su remuneración es ocho veces mayor que la de Enrique Segnini Saballo, alcalde de Puerto Jiménez, quien gana apenas ₡450.000 al mes. También duplica el salario de Fernando Portugués en Tarrazú (₡1,6 millones), Yeudy Ramírez en Monteverde (₡1,6 millones) y Gina Rodríguez en Zarcero (₡1,8 millones).
La fórmula salarial usada por Porras se basa en el Artículo 20 del Código Municipal, que establece que el salario de un alcalde debe ser igual al del funcionario mejor pagado del municipio más un 10%. Así, si el empleado mejor remunerado gana ₡4 millones, el alcalde puede recibir hasta ₡4,4 millones.

Esta metodología es legalmente exclusiva para alcaldes municipales, quienes tienen la responsabilidad directa de liderar y gestionar sus respectivas municipalidades. No obstante, la UNGL ha adoptado esta norma para fijar el salario de su directora ejecutiva, aun cuando su cargo no encaja en la definición del Código Municipal.
Los documentos presupuestarios 2025 enviados por la UNGL a la Contraloría confirman que esta fórmula fue aplicada, aunque no exista mandato explícito que lo permita fuera del ámbito municipal.
UNGL defiende fórmula y rechaza reforma
La polémica crece en medio del debate legislativo sobre el proyecto de ley 24.384, que propone modificar la fórmula salarial de los alcaldes, ajustándola a los ingresos reales de cada municipalidad. Ante esta iniciativa, la UNGL se manifestó en contra, calificando la propuesta como una limitación “injustificada”.
“El cambio afectaría la atracción de talento y pondría en desventaja a los alcaldes frente a otros funcionarios públicos”, indicó la institución en un oficio dirigido al Congreso. También advirtieron sobre un posible impacto negativo en la competitividad de los puestos de elección popular.