Según informó el medio CR Hoy este 2 de noviembre, el futuro de una de las vallas publicitarias que la Contraloría General de la República (CGR) ordenó demoler antes del 28 de noviembre se ha complicado debido a la ubicación de la estructura dentro del Parque Lorne Ross, una propiedad actualmente bajo la administración del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) reconoció que no tiene competencia legal ni capacidad operativa para ejecutar la demolición de la valla ubicada a la orilla de la ruta 27, pues esta se encuentra fuera del derecho de vía y dentro de los terrenos del antiguo Centro de Conservación de Santa Ana, hoy conocido como Parque Lorne Ross.

Según explicó el MOPT en un recurso de revocatoria presentado ante la CGR, el área donde está la valla es parte de un terreno protegido a cargo del Minae, y por tanto, cualquier acción sobre las estructuras ubicadas dentro del parque no puede ser ejecutada directamente por esa cartera.

El documento añade que la instalación de las vallas se dio mediante un contrato privado entre Publiex, JC Decaux Top Media y la Fundación Pro-Zoológicos, entidad que durante años administró el parque bajo un convenio con el Minae. Dicho convenio venció en 2024 y no fue renovado, lo que dejó en un limbo legal varios acuerdos previos relacionados con el uso del espacio.

“Es un contrato privado del cual el Minae no formó parte contractualmente ni tampoco tuvo responsabilidades ni beneficios”, señaló el MOPT en su respuesta a la Contraloría.

La situación pone nuevamente bajo la lupa la propiedad y gestión del Parque Lorne Ross, un terreno público que por años fue administrado por la Fundación Pro-Zoológicos FUNDAZOO y que ha enfrentado controversias por su uso y mantenimiento desde el cierre del antiguo zoológico.

Por ahora, el MOPT indicó que ha iniciado estudios y gestiones legales con las empresas involucradas —Publiex y JC Decaux Top Media— para resolver la situación, pero insiste en que la responsabilidad directa recae sobre el Minae o las partes privadas que firmaron los contratos de publicidad.

Mientras tanto, la Contraloría mantiene su orden de demolición en firme y se espera que en las próximas semanas determine si acepta o rechaza los recursos interpuestos tanto por el MOPT como por la CNFL.

La empresa Publiex, propietaria de la valla en cuestión, pertenece al empresario Geovanny Vásquez, quien ha sido vinculado a campañas publicitarias polémicas y a figuras cercanas al gobierno central.

El caso no solo expone un conflicto administrativo, sino que reabre el debate sobre la situación legal y ambiental del Parque Lorne Ross, un espacio emblemático y natural que sigue buscando definir su futuro y su verdadero custodio.