A partir del próximo curso lectivo, los estudiantes del país no podrán utilizar teléfonos celulares dentro de las aulas, salvo con fines pedagógicos previamente autorizados por los docentes. Así lo confirmó este miércoles el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, quien presentó los lineamientos que formarán parte del nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes y de conducta.
“Esto no es una medida antojadiza, es una revisión exhaustiva de lo que están haciendo más de 30 países desarrollados. Llegamos a la conclusión de que en el aula se prohíbe el uso del celular”, explicó Sánchez.
El jerarca destacó que, aunque la tecnología es una herramienta útil, los dispositivos se convierten en una fuente de distracción cuando no existe orientación docente. “Afecta la mediación pedagógica, es decir, cómo el estudiante aprende y cómo el docente enseña”, subrayó.
El documento que el MEP presentará en los próximos días ante el Consejo Superior de Educación incluye también cambios en la evaluación de la conducta, que volverá a ser un requisito para aprobar el año escolar. La nota de disciplina será de 0 a 100 y el estudiante deberá cumplirla para pasar de nivel.
Proyecto de ley en discusión
El anuncio coincide con la presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada independiente Cynthia Córdoba, que busca prohibir el uso de celulares y tabletas personales en todos los centros educativos.
“La experiencia internacional demuestra que retirar los dispositivos mejora el rendimiento académico y la salud mental de los estudiantes, que vuelven a socializar y jugar”, afirmó la legisladora.
Córdoba citó además el informe PISA 2022, que reveló que un 65% de los estudiantes reconoció distraerse con dispositivos digitales durante las clases de matemáticas.
Tendencia internacional
Según la Unesco, 79 países mantienen restricciones al uso de celulares en las aulas. Francia fue pionero en implementar esta medida desde 2018 en primaria y secundaria, y más recientemente Brasil adoptó una ley que prohíbe los dispositivos en estudiantes de 4 a 17 años. También China, Finlandia, Nueva Zelanda, Canadá y Países Bajos aplican restricciones similares.
El MEP aseguró que la medida en Costa Rica busca mejorar la concentración y el aprovechamiento en el aula, además de promover un uso responsable de la tecnología fuera de los centros educativos, con el apoyo de padres y encargados.
La gestión de residuos atraviesa una crisis que amenaza con convertirse en un problema de salud pública y sostenibilidad. El Ministerio de Salud presentó el nuevo Reglamento para la Gestión Regionalizada de Residuos Sólidos Ordinarios, que busca transformar la forma en que los gobiernos locales recolectan y disponen los desechos.
El modelo introduce la regionalización, lo que significa que los municipios deberán coordinarse entre sí en regiones establecidas por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). Con ello se pretende mejorar la eficiencia, reducir costos y minimizar los impactos ambientales y sociales.
Entre las disposiciones destacan:
Los residuos deben gestionarse dentro de la misma región donde se generan.
La distancia máxima de transporte hasta el sitio final no puede superar los 80 kilómetros.
Si se excede esta distancia, será obligatorio usar estaciones de transferencia.
Los parques ambientales deberán ubicarse a más de 500 metros de centros educativos, de salud e industrias alimentarias.
“Ya no podemos permitirnos que cada municipio gestione sus residuos de manera aislada. El trabajo conjunto es la clave para reducir impactos en el ambiente y la salud pública”, declaró la ministra de Salud, Mary Munive.
El reglamento también establece sanciones para los gobiernos locales que incumplan, entre ellas órdenes sanitarias, multas que alcanzan los ₡462.200 y, en casos graves, la clausura de municipalidades.
Municipalidades bajo la lupa
El Ministerio de Salud cuestionó a varios gobiernos locales por no haber actuado con anticipación ante el vencimiento de contratos de disposición final. Entre ellos, las municipalidades de Jiménez, Alvarado, Heredia y Paraíso, que solicitaron una excepción temporal.
“La Ley para la Gestión Integral de Residuos es clara. Conocían los plazos y aun así decidieron no actuar”, advirtió Munive, recordando que se realizaron mesas de trabajo y advertencias desde meses atrás.
Una crisis en aumento
Expertos advierten que el país está al borde de quedarse sin espacios para disponer la basura. El ingeniero ambiental Erick Silesky señaló que el 94% de los residuos en Costa Rica termina en botaderos, mientras menos del 4% se recicla o recupera.
Cada año se generan más de 2 millones de toneladas de desechos, lo que equivale a 1,2 kilos por persona al día, cifra que podría rondar actualmente 1,5 kilos. Sin embargo, solo siete rellenos sanitarios siguen activos en el país y se estima que tienen entre dos y ocho años de vida útil.
“Ya llegamos al límite de la crisis”, afirmó Gilberto Monge, director ejecutivo de la Federación Metropolitana de Municipalidades (Femetron), quien considera que el decreto que limita el traslado de basura a 80 kilómetros complica aún más la situación.
Llamado a voluntad política y educación
La diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que la crisis se agrava por la falta de voluntad política del Gobierno y las municipalidades. A su criterio, es urgente establecer normas más claras y alianzas con el sector privado.
Por su parte, Geovanny Castillo, director ejecutivo de la Cámara de Gestores Ambientales, subrayó que más del 50% de los desechos son orgánicos y podrían aprovecharse para producir abono o biocombustibles, mientras otro 35% es valorizable.
“El costarricense tiene empatía por lo ambiental, pero hay un divorcio entre esa conciencia y lo que realmente hace”, dijo, destacando la importancia de fortalecer la educación desde edades tempranas.
Una oportunidad en medio del colapso
Aunque el panorama es crítico, el Ministerio de Salud insiste en que el reglamento no es solo un conjunto de normas técnicas, sino una oportunidad para transformar la cultura ambiental y ampliar la vida útil de los rellenos sanitarios restantes.
“El manejo de residuos no puede seguir tratándose con indiferencia”, recalcó la ministra Munive.
Un giro inesperado tomó el proyecto de ley que busca proteger a los usuarios frente a las estafas informáticas en Costa Rica. La iniciativa, tramitada bajo el expediente N.° 23.908, sufrió cambios impulsados por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo que derivó en una reducción de las obligaciones que debían asumir las entidades financieras.
Entre las modificaciones más significativas se eliminó un transitorio que obligaba a los bancos a devolver el dinero a víctimas de estafa con reclamos administrativos previos a la entrada en vigencia de la ley. Además, el protocolo de emergencia y atención de casos ya no estará bajo supervisión constante de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), sino que pasará a ser aplicado directamente por el personal bancario.
En Santa Ana, al menos 3 personas han sido estafadas por medio de esta modalidad de estafas bancarias, la cual aún estan a la espera de recuperar sus dineros. Ellos forman parte del grupo que apoya este proyecto de ley denominado «Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica».
El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y principal impulsor del proyecto, criticó el giro tomado por la propuesta y adelantó que presentará un nuevo texto sustitutivo para devolverle su “sustento original”.
Principales cambios aprobados
Excepciones ampliadas de responsabilidad: Antes, los bancos solo quedaban libres de culpa si se comprobaba un “auto fraude” del cliente. Con el nuevo texto, también quedarán exentos si demuestran cumplir con estándares de ciberseguridad avalados por la SUGEF.
Alcance reducido: La responsabilidad se limita ahora a la sustracción de dinero de ahorros o cuentas, dejando por fuera otros servicios financieros y la custodia de datos personales.
Carga de la prueba debilitada: Se eliminó la inversión de la carga de la prueba que obligaba a las entidades a demostrar su inocencia en casos de fraude, limitando su aplicación únicamente al ámbito del Código Procesal Civil.
Sanciones menos severas: Las penas por fraudes simulados se unificaron en un rango de uno a tres años de prisión, eliminando las diferenciaciones según el monto defraudado.
Sin devolución retroactiva: Se suprimió la disposición que obligaba a los bancos a reintegrar dinero a víctimas con reclamos previos a la ley.
Menor control de la SUGEF: La supervisión de protocolos pasó de ser constante y con autorización previa, a una simple obligación de conocimiento y aplicación por parte del personal bancario.
Con estas modificaciones, los críticos advierten que la propuesta pierde fuerza en su objetivo de obligar a las entidades financieras a asumir un papel más activo en la protección de los clientes.
El debate sobre el texto sustitutivo continuará en la Asamblea Legislativa, donde se espera un pulso político entre las fracciones para definir el futuro de la iniciativa.
La mañana de este viernes 22 de agosto, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, compareció ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza el levantamiento de su inmunidad por un caso de presunta concusión vinculado al financiamiento de la Casa Presidencial con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La audiencia, iniciada a las 8:00 a. m. en el Salón de Jefes de Estado y Expresidentes del Congreso, se extendió al mediodía, aunque no se descarta que continúe en una sesión extraordinaria posterior. Chaves acudió acompañado de su abogado, José Miguel Villalobos, mientras en las afueras de la sede legislativa decenas de simpatizantes lo recibieron con cánticos de apoyo.
Se trata de un hecho inédito en la historia política costarricense, ya que nunca antes un mandatario en ejercicio había tenido que acudir al Parlamento en el marco de un proceso de desafuero. La Fiscalía General, dirigida por Carlo Díaz, acusa al presidente de haber solicitado al publicista Christian Bulgarelli la entrega de $32.000 a su amigo y asesor Federico “Choreco” Cruz, a cambio de un contrato por $405.000 otorgado a la empresa RMC La Productora.
En la misma causa figura como imputado el actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de despacho presidencial. Rodríguez también comparece ante la comisión este viernes, acompañado de su defensor.
La instancia legislativa cuenta con un plazo de 20 días, prorrogable una única vez, para rendir un informe al Plenario sobre la procedencia o no del levantamiento de la inmunidad del presidente. En caso de recomendar el desafuero, se requerirá una mayoría calificada de 38 votos para que Chaves pueda enfrentar el proceso penal.
El desarrollo de esta audiencia marca un precedente en la política costarricense y abre un capítulo sin precedentes en la relación entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El Ministerio de Salud emitió nuevas disposiciones para regular el ingreso de animales de compañía a establecimientos públicos y privados, luego del incidente ocurrido el pasado 9 de agosto en Multiplaza Escazú, donde un perro de raza pitbull mordió a un menor de 7 años. El niño se encuentra fuera de peligro, mientras que su familia interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Tras la investigación, Salud giró una orden sanitaria al centro comercial y decidió unificar en una sola resolución las normas que rigen la tenencia y el ingreso de animales en locales con permiso sanitario de funcionamiento.
Principales medidas de la resolución
Perros y gatos son considerados únicamente animales de compañía, según el Decreto Ejecutivo 31626.
Restricción general: no se permite el ingreso ni la permanencia de mascotas en establecimientos de alimentación al público, salvo que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento para los Servicios de Alimentación.
Excepción: los animales de asistencia, como perros guía para personas con discapacidad visual, sí podrán ingresar, aunque no en las zonas de preparación de alimentos.
Requisitos para negocios pet friendly:
Colocar rótulos visibles con las condiciones de ingreso.
Garantizar la recolección y disposición adecuada de excrementos.
Habilitar espacios y contenedores para residuos de mascotas.
Incluir protocolos de emergencia y contar con pólizas de seguro.
Asegurar que las mascotas estén bajo control de un adulto responsable.
Sanciones
El incumplimiento de las disposiciones podrá acarrear multas, suspensión o cancelación del permiso sanitario, clausura del local e incluso denuncias por desobediencia a la autoridad.
Reacciones en el comercio
Las nuevas reglas generaron reacciones inmediatas en diversos sectores. Algunas cadenas de restaurantes y comercios independientes informaron que, por el momento, prohibirán el ingreso de animales a sus instalaciones mientras realizan los ajustes necesarios.
El Ministerio de Salud anunció que las disposiciones regirán a partir de su publicación y que se llevarán a cabo inspecciones en los establecimientos que permiten el ingreso de mascotas, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) presentó este jueves una propuesta de ajuste semestral a las tarifas de autobús y taxi en el país, que incluye reducciones para el transporte público en bus y un ligero incremento en algunos servicios de taxi.
Según la entidad, los cambios obedecen principalmente a la baja en los precios de los combustibles entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, así como a variaciones en costos de mantenimiento, seguros y salarios.
En el caso de los autobuses, las rebajas varían según la categoría de la empresa y si la ruta utiliza el sistema de pago electrónico SINPE-TP. Entre los ajustes propuestos destacan:
San José – Alajuela: ¢725 a ¢720 (¢5 menos)
San José – Heredia (por pista): ¢580 a ¢575 (¢5 menos)
San José – Paraíso: ¢1.100 a ¢1.095 (¢5 menos)
San José – Puntarenas: ¢3.100 a ¢3.085 (¢15 menos)
San José – San Isidro de El General: ¢3.925 a ¢3.905 (¢20 menos)
San José – Limón: ¢3.820 a ¢3.800 (¢20 menos)
San José – Liberia: ¢4.715 a ¢4.690 (¢25 menos)
Para los taxis rojos tipo sedán, se plantea un aumento de ¢5 en la tarifa de banderazo y variable (pasarían de ¢810 a ¢815), y un alza de ¢15 en la tarifa por demora (de ¢3.410 a ¢3.425). En el caso de los taxis del Aeropuerto Juan Santamaría, se mantendrían las tarifas de banderazo y distancia, mientras que la tarifa por demora en microbuses tendría una pequeña rebaja.
Las nuevas tarifas entrarán en proceso de consulta pública, por lo que los usuarios podrán enviar observaciones antes de que sean aprobadas. La Aresep recordó que las tarifas vigentes pueden consultarse en su página web o en la aplicación móvil gratuita ARESEP Contigo.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ha anunciado que el Simulacro Nacional de Costa Rica 2025 se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de agosto a las 10:00 a.m. Este ejercicio, de carácter obligatorio por decreto gubernamental, busca fortalecer la capacidad de respuesta del país ante un sismo, aunque algunas comunidades específicas también practicarán la respuesta a otras amenazas.
El objetivo principal de este año es lograr una participación masiva de todos los sectores de la sociedad, incluyendo comunidades, centros de trabajo públicos y privados, centros educativos y centros de larga estancia. La CNE insta a la población a unirse a este esfuerzo de preparación, que es fundamental para la gestión del riesgo y la seguridad de todos los habitantes.
Para participar, la CNE ha establecido un proceso sencillo de tres pasos:
Inscribirse: Llenar un formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial del simulacro.
Prepararse: Consultar los recursos educativos disponibles en el micrositio para construir o fortalecer un plan de emergencias. Estos recursos incluyen guías para elaborar un plan de evacuación, preparar un maletín de emergencias y crear un mapa de evacuación.
Participar y reportar: Realizar el ejercicio de evacuación durante el simulacro y, posteriormente, reportar la participación a través de la aplicación móvil «SIMULACRO CR».
El sitio web también cuenta con una sección dedicada a recursos y educación, que incluye documentos detallados para que individuos y organizaciones puedan prepararse adecuadamente para cualquier emergencia. Se espera que la participación en este simulacro contribuya significativamente a la cultura de prevención y a la resiliencia del país frente a desastres naturales.
El ataque de un perro de raza pitbull a un niño de siete años dentro de Multiplaza Escazú, ocurrido la noche del sábado 9 de agosto, ha desatado un debate sobre las responsabilidades legales tanto del propietario del animal como del centro comercial.
El menor, identificado como Mateo, sufrió una herida grave en la pierna —con piel arrancada y tejido expuesto— tras ser mordido mientras caminaba con su familia por el primer piso del establecimiento. Según el relato de su madre, Melissa Gutiérrez Marín, la atención médica se habría dado con retraso y el dueño del perro huyó del lugar sin brindar ayuda ni identificarse.
Ante este escenario, el abogado penalista Andrés Pérez González explicó que la Ley de Bienestar Animal impone al propietario de un animal considerado potencialmente peligroso la obligación de garantizar la seguridad de las personas en espacios públicos.
“Existe una responsabilidad directa del dueño, que puede ser patrimonial e incluso penal, si no se cumplen las medidas de seguridad exigidas por ley”, señaló el jurista.
En cuanto al papel del centro comercial, Pérez González recordó que la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que los administradores de este tipo de espacios deben asegurar la integridad y salud de sus usuarios.
“Hay un claro incumplimiento si no existen protocolos adecuados para prevenir y atender incidentes, lo que podría derivar en responsabilidad civil y sanciones administrativas”, agregó.
La madre del menor cuestiona que la administración de Multiplaza de Escazú, pese a promocionarse como un espacio “pet friendly”, carezca de procedimientos claros para este tipo de emergencias y asegura que la ambulancia fue solicitada únicamente por su insistencia, llegando casi media hora después del ataque.
Consultado por el medio CRHoy, Multiplaza Escazú indicó que “la marca no dará declaraciones sobre este tema”.
El caso será llevado a la vía judicial, donde se evaluará la eventual responsabilidad solidaria entre el propietario del perro y el administrador del centro comercial. Expertos en derecho señalan que la resolución podría sentar un precedente para la regulación de espacios que permiten el ingreso de mascotas en Costa Rica.
La noche del viernes 8 de agosto de 2025, a las 8:56 p. m., el Volcán Poás registró una nueva erupción de baja energía que incluyó emisión moderada de ceniza y abundante vapor de agua y gases magmáticos. El evento lanzó fragmentos de roca incandescente que cayeron en las cercanías de la Boca A, en el fondo del cráter.
De acuerdo con los datos de los sismógrafos y sensores de infrasonido, la erupción ocurrió a un nivel muy superficial. Durante la jornada del 8 de agosto, el sistema de monitoreo volcánico detectó tres sismos volcano-tectónicos (VT) en la zona sur del cono volcánico Botos, mientras que en días recientes también se han registrado eventos similares en el complejo Platanar-Porvenir-Viejo.
El sensor ExpoGAS, ubicado en el mirador para visitantes al sur del cráter, reportó este sábado una concentración máxima de 1 parte por millón de gases en el aire ambiente. Asimismo, el satélite europeo SENTINEL logró, el 7 de agosto, detectar con alta resolución una anomalía térmica en la Boca A gracias a condiciones de cielo despejado. Un día después, la misma plataforma satelital identificó una masa de dióxido de azufre (SO₂) equivalente a 270 toneladas.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) informó que, mediante un dron, se logró medir de forma remota una temperatura superior a los 800 °C en la Boca A, lo que sugiere la presencia de un cuerpo de magma muy cercano a la superficie. Actualmente, la desgasificación de vapor de agua, gases y aerosoles, así como el flujo de calor, se mantienen en niveles elevados.
En la cima del volcán, el viento sopla predominantemente hacia el oeste, por lo que las autoridades recomiendan a las comunidades ubicadas en esa dirección mantenerse informadas y atentas a posibles caídas de ceniza. El nivel de actividad del Poás permanece en Advertencia (2).
La Contraloría General de la República ha publicado los resultados del Índice de Gestión de Servicios Municipales (IGSM) para el período 2023-2025, revelando una evolución moderada en el desempeño de las municipalidades del país. Aunque se observa un progreso gradual, el informe destaca que el camino hacia una alta madurez municipal aún es extenso. En este estudio solamente la Municipalidad de Heredia es la única que se ubica en una escala alta.
En el caso de la Municipalidad de Santa Ana, esta se encuentra en el nivel INTERMEDIO según el grado de madurez de este estudio desde el 2023 y aún en el 2025 se mantiene en la misma escala.
El estudio, que evalúa el desempeño de los gobiernos locales, muestra una ligera disminución en el número de municipios clasificados en el nivel «INICIAL» y un aumento en los de categoría «INTERMEDIO». No obstante, la mayoría de las municipalidades sigue estancada en el nivel «BÁSICO». Un dato preocupante del informe es que ninguna de las municipalidades evaluadas ha logrado alcanzar los niveles más altos de «AVANZADO» u «OPTIMIZANDO».
El IGSM ofrece una herramienta de seguimiento para la gestión pública, proporcionando un panorama general y la posibilidad de consultar resultados específicos por cada municipalidad y por tipo de servicio, ya sean básicos o diversificados. Los ciudadanos y las autoridades pueden acceder a información detallada a través de herramientas interactivas disponibles en la plataforma.
Además de los resultados, el sitio web de la Contraloría ofrece documentos de consulta, incluyendo el informe completo de 2025, la tabla de datos del IGSM de ese año y la metodología utilizada para la evaluación.
El informe concluye que, si bien hay signos de mejora, es fundamental que las municipalidades redoblen esfuerzos para avanzar en su gestión y mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía.
Puede ver todos los datos de este informe en el siguiente enlace:
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