Diputados del PUSC reducen responsabilidades de bancos en proyecto de ley contra estafas informáticas

• Daniel Gonzalez
• agosto 27, 2025

Un giro inesperado tomó el proyecto de ley que busca proteger a los usuarios frente a las estafas informáticas en Costa Rica. La iniciativa, tramitada bajo el expediente N.° 23.908, sufrió cambios impulsados por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), lo que derivó en una reducción de las obligaciones que debían asumir las entidades financieras.

Entre las modificaciones más significativas se eliminó un transitorio que obligaba a los bancos a devolver el dinero a víctimas de estafa con reclamos administrativos previos a la entrada en vigencia de la ley. Además, el protocolo de emergencia y atención de casos ya no estará bajo supervisión constante de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), sino que pasará a ser aplicado directamente por el personal bancario.

En Santa Ana, al menos 3 personas han sido estafadas por medio de esta modalidad de estafas bancarias, la cual aún estan a la espera de recuperar sus dineros. Ellos forman parte del grupo que apoya este proyecto de ley denominado «Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica».

El diputado Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y principal impulsor del proyecto, criticó el giro tomado por la propuesta y adelantó que presentará un nuevo texto sustitutivo para devolverle su “sustento original”.

Principales cambios aprobados

• Excepciones ampliadas de responsabilidad: Antes, los bancos solo quedaban libres de culpa si se comprobaba un “auto fraude” del cliente. Con el nuevo texto, también quedarán exentos si demuestran cumplir con estándares de ciberseguridad avalados por la SUGEF.
• Alcance reducido: La responsabilidad se limita ahora a la sustracción de dinero de ahorros o cuentas, dejando por fuera otros servicios financieros y la custodia de datos personales.
• Carga de la prueba debilitada: Se eliminó la inversión de la carga de la prueba que obligaba a las entidades a demostrar su inocencia en casos de fraude, limitando su aplicación únicamente al ámbito del Código Procesal Civil.
• Sanciones menos severas: Las penas por fraudes simulados se unificaron en un rango de uno a tres años de prisión, eliminando las diferenciaciones según el monto defraudado.
• Sin devolución retroactiva: Se suprimió la disposición que obligaba a los bancos a reintegrar dinero a víctimas con reclamos previos a la ley.
• Menor control de la SUGEF: La supervisión de protocolos pasó de ser constante y con autorización previa, a una simple obligación de conocimiento y aplicación por parte del personal bancario.

Con estas modificaciones, los críticos advierten que la propuesta pierde fuerza en su objetivo de obligar a las entidades financieras a asumir un papel más activo en la protección de los clientes.

El debate sobre el texto sustitutivo continuará en la Asamblea Legislativa, donde se espera un pulso político entre las fracciones para definir el futuro de la iniciativa.