Con esta apertura, los vecinos del cantón contarán con un nuevo servicio para acceder a oportunidades laborales y de capacitación profesional.
En el marco de la Feria de Empleo realizada el pasado miércoles 4 de junio, el Gobierno Local de Santa Ana realizó la apertura oficial de la Unidad de Empleo de Santa Ana, una iniciativa que forma parte del Sistema Nacional de Empleo (SNE) y que busca fortalecer la empleabilidad en el cantón.
Este nuevo servicio, impulsado en alianza con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), brindará intermediación laboral, capacitación, formación profesional y orientación para la búsqueda de empleo a personas desempleadas o en busca de mejores oportunidades laborales.
La puesta en marcha de la Unidad de Empleo es posible gracias a la firma de un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Santa Ana y el MTSS, lo que permite el uso de plataformas digitales como ane.cr y brete.cr, herramientas gratuitas para el registro y postulación a vacantes en todo el país.
“Nos complace mucho tener este aliado, porque a través de esta plataforma digital gratuita, le va a permitir a las personas registrarse y aplicar a las distintas vacantes de empleo publicadas por las empresas a nivel nacional”, comentó Catalina Roldán, encargada del Proceso de Desarrollo Económico Local.
Por su parte, Yanci Bravo, coordinadora de la Agencia Nacional de Empleo, destacó que la nueva Unidad funcionará de lunes a miércoles, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., y con atención previa cita, ofreciendo servicios como registro en la plataforma brete.cr, referencias a programas de capacitación y orientación personalizada.
Durante la Feria de Empleo, que sirvió como contexto para esta apertura, participaron 10 empresas que ofrecieron alrededor de 300 vacantes para diversos perfiles y sectores.
Las personas interesadas en acceder a estos servicios pueden comunicarse con Mayra Prat, responsable del programa, al teléfono 2582-7321, 8947-5460, o al correo electrónico mayra.prat@santaana.go.cr.
En el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Local de Santa Ana y el Centro de Educación Especial de Santa Ana (CEESA) unieron esfuerzos para promover el respeto, la inclusión y la equidad mediante la gira educativa “Acércate y Conóceme”.
La iniciativa, desarrollada el pasado 29 de mayo, consistió en una visita a diversos espacios del cantón como el Parque de Santa Ana, el Centro Diurno Joaquín y Ana, la empresa Chiquita Brand y el Colegio Técnico Profesional de Santa Ana. En cada punto, se brindó información clave sobre los diferentes tipos de discapacidad, así como sobre las leyes y normativas que respaldan los derechos de esta población.
La gira fue organizada por la Oficina Municipal de la Persona Adulta Mayor y la Persona con Discapacidad (OPAMDIS) en conjunto con docentes y estudiantes del IV Ciclo del CEESA. El principal propósito fue sensibilizar a la ciudadanía y fomentar el diálogo y la participación activa hacia la construcción de una comunidad más inclusiva.
“La actividad busca fortalecer una cultura de inclusión, respeto y participación equitativa entre las personas, brindando información accesible y promoviendo el entendimiento en torno a la discapacidad”, explicó Teresa Cerda, encargada de OPAMDIS.
Con estas acciones, Santa Ana reafirma su compromiso con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y continúa avanzando hacia una sociedad más empática e igualitaria.
Fugas, faltante de producto y envases defectuosos siguen siendo comunes; el consumo de GLP crece más del 9% al año.
Un alarmante 60% de los cilindros de gas listos para la venta en el país presentan condiciones que los hacen inseguros o deficientes, según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Entre los principales problemas detectados están fugas de gas, envases dañados o sin identificación, y cilindros con menor cantidad de producto del que se cobra.
ARESEP inspeccionó 540 puntos de venta durante el último año, revisando un total de 3.615 cilindros. De ellos, 2.159 (59,7%) fueron marchamados, es decir, se les colocó un sello que impide su comercialización debido a condiciones de riesgo o incumplimientos técnicos.
Los defectos más comunes incluyen faltantes de hasta 900 gramos por cilindro, lo que representa un 8% menos de gas del que el usuario paga. Aunque este dato muestra una leve mejoría respecto a 2023 —cuando el 69% de los cilindros presentaban faltantes de más de un kilo—, el problema sigue siendo crítico.
También preocupa la falta de identificación en los envases: el 60% no tiene número de serie, el 53% carece de la tara (peso del cilindro vacío) y el 26% presenta fugas. ARESEP advierte que estas condiciones representan un riesgo directo para la seguridad de las personas, especialmente porque en 2024 se reportaron 2.222 emergencias relacionadas con GLP, la mayoría en la provincia de San José. No obstante, estas cifras muestran una reducción del 13% con respecto a 2023.
Avances y recomendaciones
En el lado positivo, ARESEP destaca que durante 2024 se incorporaron 89.848 cilindros nuevos, un aumento del 28,4% respecto al año anterior. Además, el uso de cilindros de aluminio —considerados más peligrosos— se redujo al 5%, frente al 9% de años anteriores.
El regulador también insta a la población a revisar las condiciones de los cilindros antes de comprarlos. «Se recomienda pesar el cilindro, que debe marcar al menos 21 kilogramos, y revisar con agua jabonosa si hay fugas», señaló la entidad. Dado que las mujeres son las principales usuarias de este combustible, ARESEP subraya la importancia de capacitarlas para un uso seguro.
Crecimiento sostenido del mercado
El consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en el país creció un 9,4% durante 2024, manteniendo una tendencia superior al 8% anual desde 2021. Este aumento se da principalmente en el sector comercial (16%) y en vehículos (21%). Actualmente, el 63,5% del gas se vende a granel y el 36,5% en cilindros.
El precio del GLP se mantuvo relativamente estable entre 2023 y 2024.
Capacidad de Recope, al límite La ARESEP también fiscalizó la infraestructura de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en la Terminal de Moín, en Limón, donde detectó que la capacidad de almacenamiento y distribución es insuficiente para enfrentar el crecimiento de la demanda en el corto y mediano plazo.
Ante esto, el regulador urge priorizar inversiones estratégicas en infraestructura de GLP para garantizar la seguridad del suministro.
Un cambio en la estructura tarifaria del servicio de agua potable ha generado un incremento significativo en los recibos de muchas familias costarricenses, quienes han manifestado sorpresa y preocupación ante los nuevos montos.
Algunas personas han reportado aumentos de más del triple en sus facturas. Por ejemplo, una familia que pagaba 10 mil colones en marzo, recibió una factura superior a los 30 mil colones en abril. Otro caso señala un salto de 4.800 a casi 15 mil colones en el mismo periodo.
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) explicó que estos cambios obedecen a una nueva estructura de cobro aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Esta estructura tarifaria progresiva entró en vigor a partir del consumo registrado en marzo, y tiene como objetivo promover el uso eficiente del agua.
Según detalló AyA, el modelo tarifario ahora establece bloques de consumo: a mayor cantidad de metros cúbicos utilizados, mayor será el precio por unidad. Esta medida también busca redistribuir el costo del servicio, incluyendo un componente de equidad.
No obstante, el ajuste ha generado un aumento en las consultas y reclamos. Solo en abril se registraron 11.270 gestiones relacionadas con la facturación, cifra que representa un alza respecto a meses anteriores: 7.641 en enero, 7.972 en febrero y 7.836 en marzo. En total, ya suman 34.719 gestiones en lo que va del año.
A pesar de los aumentos, el nuevo esquema contempla un subsidio para los hogares en condición de pobreza básica y extrema, según datos del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Esta ayuda busca mitigar el impacto económico para las poblaciones más vulnerables.
La nueva estructura aplica tanto para usuarios del AyA como para clientes de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia y de las ASADAS.
Usuarios reportan que no se estan haciendo las lecturas en los medidores
Algunos usuarios del servicio de agua potable mencionaron a Santa Ana Actual Noticias que los funcionarios de la entidad que llegan a hacer las lecturas del medidor, en algunos casos no hacen las lecturas en los medidores y ponen un estimado del consumo del mes anterior para cobrarlo en el mes actual, lo cual esto es totalmente ilegal y el usuario afectado puede interponer la denuncia ante el ARESEP aportando las respectivas pruebas.
Conductores piden mejoras en señalización y control vial ante incremento del riesgo.
El sector de la Ruta 27 que atraviesa el cantón de Santa Ana se ha convertido en un punto crítico para los accidentes de tránsito, especialmente en las cercanías del nuevo desarrollo comercial donde se construyó el nuevo Walmart y el oficentro Forum. Conductores frecuentes, vecinos y autoridades locales señalan una combinación de factores que hacen de este tramo un peligro latente para quienes transitan por la zona.
En las últimas semanas, se han reportado varios accidentes, muchos de ellos relacionados con frenazos bruscos, cambios de carril sin precaución y hasta alcances múltiples durante las horas pico.
Principales causas identificadas:
Exceso de velocidad: A pesar de la cercanía a una zona urbana, muchos vehículos aún transitan a alta velocidad antes de llegar al sector.
Poca señalización preventiva: No hay suficientes anuncios que alerten de obras viales o ingreso y salida de camiones pesados.
Alta densidad vehicular: Con la obra en marcha y el alto flujo vehicular en horas pico, los congestionamientos han aumentado.
Preocupación por la seguridad
El desarrollo del nuevo Walmart y otras construcciones cercanas, que promete traer inversión y empleo al cantón, también implica un aumento proyectado del tránsito. Esto preocupa a vecinos y expertos en seguridad vial.
Llamado a las autoridades
Vecinos piden al MOPT, COSEVI y la empresa concesionaria Globalvía reforzar la seguridad vial en la zona antes de que ocurran tragedias mayores. También hacen un llamado a los conductores a manejar con mayor precaución, especialmente en horas pico y en condiciones de lluvia.
En un mensaje transmitido en horas de la noche desde el Gobierno Local, el alcalde Juan José Vargas, anunció una serie de medidas que calificó como “difíciles pero necesarias”, con el fin de continuar impulsando una gestión basada en la transparencia, legalidad y honradez.
Durante su alocución, el alcalde confirmó que se han iniciado varios procesos administrativos disciplinarios contra funcionarios municipales, algunos de los cuales han derivado en despidos tras la aplicación del debido proceso. “Aunque encontremos a un funcionario con las manos en la masa, no podemos actuar como en la empresa privada. Debemos seguir un procedimiento legal”, enfatizó.
Además, informó sobre la renuncia del director del Departamento de Ordenamiento Territorial, Jeffrey Zumbado, y de la ingeniera Emilia Jiménez, encargada de Gestión de Riesgo. Ambos dejaron sus cargos tras conversaciones que, según el alcalde, se dieron en un marco de respeto y claridad, pero por diferencias de criterio y falta de alineamiento con la visión de legalidad que impulsa esta administración.
También comunicó el despido de dos inspectores de construcción y la existencia de procesos en curso contra otros funcionarios. “Esto no es un cambio de personas. Es un mensaje claro: esta alcaldía no tolera a quienes no cumplan con su función”, expresó.
El alcalde agradeció a los vecinos por confiar en este modelo de gobernanza y destacó la importancia de las denuncias ciudadanas como herramienta para detectar irregularidades. Sin embargo, recalcó que toda acusación debe ir acompañada de pruebas concretas para proceder legalmente.
En otro punto de su mensaje, anunció avances en la actualización del plan regulador cantonal y en procesos para la mejora de los trámites relacionados con los usos de suelo, buscando atraer inversión ordenada y sostenible. “Queremos que Santa Ana sea un ejemplo nacional. Vamos a fortalecer los controles internos y ofrecer canales seguros de denuncia ciudadana”, añadió.
Cerró su discurso reafirmando su compromiso con un gobierno justo y transparente. “La transparencia no es negociable. Seguimos sin miedo, con decisiones valientes, porque creemos que vamos por el camino correcto. Queremos hacer el bien y que nuestro paso por la municipalidad sea ejemplo para todo el país”, concluyó.
Por otra parte, este medio está investigando supuestas incorporaciones de funcionarios que ingresaron recientemente al Gobierno Local y según fuentes no cuentan con los atestados para cumplir con dicho cargo. En los próximos días daremos a conocer dicha investigación.
A pesar de contar con la infraestructura, el personal y la disposición para atender emergencias, las policías municipales de Costa Rica siguen excluidas del sistema 911, una situación que persiste desde hace más de 20 años. Mientras los delincuentes perfeccionan sus estrategias para cometer delitos, el país continúa sin aprovechar plenamente los recursos policiales municipales para responder a las emergencias que afectan a miles de personas a diario.
En un reciente informe, se evidenció que ninguna de las 34 policías municipales distribuidas en las siete provincias del país tiene interconexión con el sistema nacional de emergencias. Como consecuencia, cuando un ciudadano realiza una llamada al 911, la respuesta siempre proviene de la Fuerza Pública, incluso si una unidad municipal está más cerca del incidente.
En enero de 2025, el sistema 911 envió una comunicación a todas las policías municipales del país, informándoles sobre un criterio jurídico emitido por la Procuraduría General de la República (Oficio PGRC 287-024), el cual reconoce la oportunidad de integrar a estas fuerzas locales al sistema. Bajo este nuevo panorama, las autoridades del 911 abrieron la puerta para que las policías municipales se inscriban formalmente, y se comprometieron a brindarles apoyo técnico en el proceso.
No obstante, a la fecha, ninguna policía municipal ha dado el paso para formalizar su integración. “Estamos totalmente anuentes a que ellos sean parte de la atención de emergencias, porque al final eso es un beneficio para la ciudadanía”, concluyó un vocero del sistema 911.
La integración plena de las policías municipales no solo permitiría una respuesta más rápida y eficiente, sino que fortalecería la seguridad ciudadana mediante una red coordinada y moderna de atención de emergencias. El reto ahora está en manos de los gobiernos locales.
La Policía Municipal de Santa Ana
En el caso de la Policía Municipal en Santa Ana, el director Luis Moncada nos explicó que la idea es que los cuerpos policiales tengan la capacidad del llamado de respuesta ante el sistema 911, según indicó la mayoría de los cuerpos policiales municipales no son despachadores y que se ha venido trabajando en la incorporación al 911. Al menos en Santa Ana, existe una línea directa marcando 1200 donde es atendida por la Policía Municipal. Según el licenciado Moncada, esta línea ha tenido una acogida donde se han recibido bastantes llamadas, pero si enfatizó que es importante incorporar a los cuerpos policiales municipales a la central de llamadas de emergencias 911.
En un esfuerzo por fortalecer la seguridad y bienestar de la niñez y adolescencia, la Policía Municipal ha intensificado su labor preventiva en los centros educativos, desarrollando una serie de capacitaciones y charlas dirigidas tanto a estudiantes como a docentes, personal administrativo y padres de familia.
El programa, que abarca desde el primer hasta el cuarto grado de primaria, tiene como objetivo instruir a los niños y niñas en medidas de autoprotección y prevención, para evitar que sean víctimas de robos, maltratos, agresiones, accidentes y hasta secuestros. Además de enseñar normas básicas de seguridad, se promueve el desarrollo de habilidades sociales, conductas asertivas y una relación de confianza con las autoridades policiales.
Entre los temas abordados destacan: “El y la Policía son sus amigos y amigas”, “Aprendan a pedir ayuda”, “Llame al 9-1-1”, “Jugando en lugares seguros”, “Viajemos sin accidentes”, “Nunca obedezca a personas extrañas o de poca confianza”, “Pedir ayuda a sus padres o maestros”, y “Nunca abran la puerta de la casa a extraños”. Estas enseñanzas son impartidas a una población estudiantil de entre 300 y 400 niños, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 10 años.
Por su parte, en los centros educativos de secundaria, que atienden a adolescentes de entre 12 y 17 años, se ha puesto en marcha una serie de acciones preventivas con enfoque policial. Estas incluyen charlas sobre la prevención del consumo de drogas, violencia intrafamiliar, Ley Penal Juvenil y prevención del bullying, entre otros temas relevantes.
Este trabajo en secundaria contempla desde la sensibilización del personal docente hasta conferencias y talleres dirigidos a los estudiantes, así como la coordinación con padres de familia y el tratamiento de casos específicos. Además, se desarrollan iniciativas de apoyo que trascienden el entorno escolar, con el objetivo de brindar a los jóvenes herramientas efectivas para afrontar los retos sociales actuales.
Con este enfoque integral, las autoridades buscan no solo fomentar una cultura de prevención, sino también fortalecer la imagen de la policía como aliada en la formación y protección de las nuevas generaciones en nuestro cantón.
Ayer en la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Juan José Vargas pidió acoger una moción o acuerdo a los regidores para que el Gobierno Local de Santa Ana ayude en conjunto con otras municipalidades a interponer una demanda en el Contencioso Administrativo ante el Poder Ejecutivo y solicitar una medida cautelar sobre el decreto de manejo de los residuos sólidos y rellenos sanitarios, esto en conjunto con la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
Según el alcalde, este decreto violenta los derechos constitucionales y autonomía municipal, de acuerdo a lo dicho por Juan José Vargas siempre se ha llevado los residuos o desechos por ejemplo al relleno de Aserrí, pero según la Ministra de Salud Mary Munive estos rellenos sanitarios están al borde de llegar a su vida útil de funcionamiento. El alcalde indicó además de que al menos la municipalidad no puede trasladar residuos a más de 80 km ya el mismo ministerio no da el visto bueno o se ha negado para trasladar dichos residuos en distancias tan largas.
El alcalde enfatizó que el Gobierno Local si ha venido trabajando desde años anteriores en buscar una solución al tema de la basura. Una problemática país la cual están viviendo muchos cantones los últimos años. La demanda según indicó Juan José Vargas, es una demanda colectiva mediante una medida cautelar. Desde la municipalidad se está trabajando en solucionar el tema de algunos residuos donde el mismo gobierno local es quien le dará el tratamiento a esos desechos.
El regidor Gonzalo Rojas presentó la moción solicitada por el alcalde que fue dispensada con 6 votos a favor y finalmente aprobada en su firmeza con 6 votos a favor y uno en contra (Danny Ureña) del partido Republicano.
Puede revisar la sesión del Concejo Municipal de ayer en el siguiente enlace:
Los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) son cruciales en los cantones porque ofrecen un espacio seguro y estimulante para el desarrollo integral de los niños y niñas, especialmente en aquellos sectores con mayor vulnerabilidad social. Además de proporcionar cuido, los CECUDIs ofrecen servicios de salud, nutrición, educación y apoyo familiar. Su impacto positivo en el desarrollo infantil y la participación de las familias los hace fundamentales para el bienestar comunitario.
Mediante la Ley 9220, se crea la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), con la finalidad de establecer un sistema de cuido y desarrollo infantil de acceso público, universal y de financiamiento solidario que articule las diferentes modalidades de prestación pública y privada de servicios en materia de cuido y desarrollo infantil, para fortalecer y ampliar las alternativas de atención infantil integral.
Los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil enfocados en la atención integral cuyos principales beneficiarios son quienes se encuentran en condición de pobreza. Funcionan bajo un esquema de aporte solidario entre la Municipalidad –que funge como la unidad ejecutora del Centro-, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). También puede mediar el aporte de las familias.
El cantón de Santa Ana cuenta con un CECUDI y se encuentra ubicado en la Urbanización Lagos de Lindora en el distrito de Pozos.
Daniel Gonzalez
Raquel Berrocal Sibaja
